El acto de repulsa del terrorismo yihadista celebrado ayer en Barcelona, en solidaridad con las víctimas de los atentados de hace cinco años, se convirtió en unos momentos, en una exhibición del grado de vileza y de odio al que pueden llegar ciertos grupos independentistas catalanes. Aunque fueron pocas las personas que interrumpieron el minuto de silencio en memoria de las víctimas para abuchear a los organizadores del acto, el espectáculo que dieron retrata con fidelidad la degradación moral alcanzada por ciertos sectores de la sociedad catalana. Cierto es que tanto la Generalitat como los partidos que integran la mayoría parlamentaria, Junts y ERC, no dudaron en condenar sin rodeos la execrable demostración de enajenación mental de los que llegaron a acusar al Estado de haber instigado los atentados. Pero entre estos últimos estaba la que ha sido, hasta hace pocos días, presidenta del Parlamento catalán, Laura Borrás, perteneciente al sector más radical del partido del prófugo Puigdemont.

La desvergüenza de los separatistas ha movido al que fuera jefe de los mozos de Escuadra en aquellos días de los atentados de Barcelona y Cambrils, Jose Luis Trapero, a desmentir las teorías que estos grupos tratan de verter en la opinión pública sobre una supuesta "mano negra" del Estado en tales ataques. Muy al contrario, Trapero ha reconocido que tanto el Gobierno de entonces, presidido por Mariano Rajoy, como el Centro Nacional de Inteligencia, la Policía Nacional y la Guardia Civil se volcaron, desde primer momento, en la investigación de los hechos a pesar de que la propia Generalitat, con Puigdemont y Junqueras a la cabeza, trató de impedirlo en un intento de demostrar que el Estado era incapaz de proteger a los ciudadanos catalanes. Aquélla tragedia fue, en suma, la antesala de la espiral de despropósitos independentistas que desembocó en el golpe de octubre de 2017 con la condenas del Supremo que Sánchez ha dejado en agua de borrajas.