El silencio del Gobierno en el caso de los padres de Canet del Mar, que reclaman el 25 por ciento de la educación de su hijo en castellano, es un verdadero escándalo que sólo se explica por los manejos de Sánchez para contentar al independentismo. No se trata ya de dejar hacer a su antojo a la Generalitat, que se burla de la Justicia, sino de un abandono de las responsabilidades más elementales del Ejecutivo, que debe velar por el reconocimiento efectivo de los derechos de todos los ciudadanos, y debe, además, proteger a los más vulnerables.

Lo mismo que los independentistas ignoran a más de la mitad de la población catalana, a Sánchez no le importa ignorar sus propios postulados de igualdad, porque su prioridad es agotar la legislatura. Su estrategia de concesiones al nacionalismo puede estrellarse contra el muro de una modesta y valiente familia de Canet del Mar que reclama el cumplimiento de una ley que la Generalitat se niega a aceptar, como niega también la legitimidad de la Constitución que Sánchez reclama cumplir "de pe a pa". El hecho es que un niño de cinco años y su familia están siendo objeto de señalamiento y acoso como en los tiempos más oscuros del totalitarismo, incluso en su propio domicilio, sin encontrar la protección de los poderes públicos. Existe una enfermedad social que debe ser abordada, pero también existe una quiebra del Estado de Derecho y una política desvergonzada que renuncia a su obligación de defenderlo.