Madrid acogió ayer una multitudinaria manifestación en defensa del mundo rural. Convocada por más de 200 asociaciones bajo el lema “Por el Medio Rural y sus Tradiciones”, el detonante ha sido la polémica sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que prohíbe temporalmente la caza. Esa sentencia ha sido solo la gota que ha colmado el vaso en un sector que tiene motivos para sentirse maltratado. Ayer sacaron cifras, exhibieron razones y denunciaron los ataques ideológicos que vienen sufriendo, como los de determinadas formaciones animalistas, que llegan en ocasiones a poner los supuestos “derechos” de los animales al mismo nivel, e incluso por encima, de los de los seres humanos.

El territorio rural ocupa el 80% de España y está aquejado de un acuciante problema de despoblación. Por otra parte, arremeter contra actividades como la caza y la pesca es irresponsable y, en ocasiones, obedece a proclamas ideológicas que desconocen esas realidades. Solo en lo que a actividad cinegética se refiere, la contribución al PIB español es de casi 6.500 millones de euros, afecta directamente a 4 millones de personas y genera 186.000 puestos de trabajo. Ambas son fundamentales para evitar superpoblaciones de animales como el jabalí, la proliferación de plagas y enfermedades o, simplemente, para garantizar el buen estado de un campo que de otra manera quedaría abandonado.