Joaquín Guzmán Loera, conocido como «Chapo Guzmán», no es el protagonista ficticio de un narcocorrido, sino un traficante de drogas mexicano, líder del Cártel de Sinaloa. En 2017 fue extraditado a Estados Unidos después de haber protagonizado un par de famosas fugas de cárceles mexicanas de máxima seguridad. El Chapo burló indistintamente a los Gobiernos del PAN y del PRI. El Estado mexicano fue incapaz de imponerse y ha sido en Estados Unidos donde la Justicia le ha condenado a cadena perpetua.

El Chapo ha sido acusado por los delitos de narcotráfico, violencia criminal y lavado de dinero. Su imperio integra más de treinta empresas que son parte de una red criminal que ocupa más de la mitad del territorio mexicano, controla la frontera sur de Estados Unidos y ha sumido a México en una guerra entre cárteles de consecuencias dramáticas. El Chapo ha operado además a escala internacional. El Cártel de Sinaloa forma parte de una red criminal que burla las fronteras, las leyes internacionales y nacionales, así como los mecanismos de fiscalización y transparencia. De ahí que su extradición y condena sea un asunto de interés global.

La condena al Chapo es un golpe innegable. Pero de poco sirven estos «golpes» si los organismos policiales, jurisdiccionales y estatales no luchan coordinadamente. La globalización del crimen ha favorecido la mundialización de la economía ilegal. Luchar contra este fenómeno es un asunto internacional prioritario