Ha pasado un año desde que el Parlamento de Cataluña aprobara las Leyes de Referéndum y Transitoriedad. Los acontecimientos se precipitaron entonces, y ni las advertencias de los Letrados del Parlament, ni la clara prohibición del Tribunal Constitucional consiguieron detener el tren hacia ninguna parte que pilotaba Puigdemont. Desde aquel momento se creó un ambiente de desafío a la legalidad, de perturbación y fractura social, del que los catalanes y el conjunto de los españoles no hemos conseguido aún salir.

Durante un año hemos asistido a un liderazgo independentista  marcado por la frivolidad y el engaño, que ha preferido dejar pasar todas las oportunidades para volver a la sensatez. Se ha comprometido el buen nombre de las instituciones, se ha sustituido el debate racional por la movilización pasional, se ha dañado la economía y se ha roto la convivencia cívica.

Cataluña dispone hoy de un extraordinario nivel de autogobierno y su identidad cultural está perfectamente reconocida y protegida por la Constitución. Para no prolongar la farsa es necesario que cualquier intento de diálogo esté presidido por el realismo y la sinceridad, evitando juegos malabares y ambigüedades. Además hace falta que todas las realidades sociales se hagan oír y que el catalanismo sensato que apenas se ha expresado por boca de algunas figuras valientes, recupere su espacio en un panorama político desquiciado.