El brutal descuartizamiento del periodista Jamal Khashoggi en el consulado saudí de Estambul ha provocado una oleada de indignación a nivel mundial jamás antes vista contra la monarquía petrolera. Los desesperados intentos de la Administración Trump por salvar la cara del príncipe heredero y hombre fuerte del régimen, Mohamed bin Salman, seguramente eviten a Arabia Saudí sanciones internacionales como las que ha sufrido Rusia por acciones encubiertas similares de sus servicios secretos. Pero el impacto en la opinión pública internacional, más temprano que tarde, tendrá consecuencias políticas. Llueve sobre mojado. Al apoyo saudí a grupos fundamentalistas y terroristas se suma la política exterior de Bin Salman, tan agresiva como a menudo imprudente. Pese a ello, rara vez se cuestiona la intervención saudí en Yemen o Siria. Cuando aparecen críticas en materia de derechos humanos, los saudíes cancelan multimillonarios contratos armamentísticos, exponiendo así la hipocresía de occidente. Lo experimentó el pasado verano Canadá, y a un paso estuvo la propia España, con la humillación a la ministra de Defensa, Margarita Robles. Pero ahora de repente existe una corriente de opinión mundial que considera este tipo de comportamientos saudíes intolerables. La paradoja es que el detonante haya sido el asesinato de Khashoggi, un crítico moderado del régimen que, hasta ahora, clamaba en el desierto.