A la polémica suscitada por la falta de consenso en la Ley Celaá y su desprecio del criterio de demanda social, se suma ahora la decisión de PSOE y Podemos de excluir a la red de centros concertados de las ayudas económicas para facilitar la seguridad en el próximo curso.

El documento de la Comisión de Reconstrucción, en lo referido a políticas sociales y educativas, afirma que la inversión irá destinada a la educación pública de gestión directa, con lo que se elimina la posibilidad de destinar fondos a la educación concertada, aunque el dinero lo vayan a gestionar las Comunidades Autónomas. Además, el documento propugna un incremento de plazas en los centros de titularidad estatal, excluyendo al modelo complementario de la educación concertada que, por mucho que la izquierda se empeñe, forma parte de la red pública tanto como el de gestión estatal.

No olvidemos que sin la enseñanza concertada el sistema educativo español no podría en la actualidad satisfacer la demanda de puestos y dar cumplimiento al precepto constitucional de la libertad educativa. El Gobierno no pretende eliminar de forma directa esta oferta educativa, implantada, por cierto, bajo un gobierno socialista. Lo que está haciendo es intentar ahogarla para reducir poco a poco su presencia en el conjunto del sistema educativo. Un proceso inaceptable que atenta contra la libertad de educación consagrada por nuestra Constitución y esencial para una convivencia social armónica.