La histórica frase “Montesquieu ha muerto”, que se atribuye al exvicepresidente Alfonso Guerra, y el escándalo que supuso en la época el hecho de que se hablara así de la imprescindible separación de poderes en un Estado democrático y de Derecho, quedan minimizados ante la ofensiva del Gobierno de Pedro Sánchez para controlar al poder judicial.

Ya fue grave que Sánchez nombrara en su día a quien había sido ministra de su gobierno como fiscal general del Estado, y que luego presumiera, sin rubor, de que la Fiscalía dependía de él. Pero pretender colocar al exministro Juan Carlos Campo y a una directora general del gabinete del ministro Bolaños como miembros del Tribunal Constitucional, es un ataque sin precedentes a la independencia del poder judicial.

Campo fue ministro de Justicia y el Tribunal Constitucional tiene aún que resolver seis recursos contra leyes que él mismo supervisó cuando estaba al frente del ministerio, así que su falta de idoneidad para ese puesto es evidente. Hace tiempo que al gobierno dejaron de importarle los medios que ha de emplear para lograr el fin de contentar a sus socios y así permanecer en el poder al precio que sea. Los nombramientos todavía tienen que concretarse, porque nuestro sistema tiene las suficientes garantías para dificultar el asalto, pero lo que ya no tiene vuelta atrás es el daño que el ejecutivo está infringiendo día tras día a las principales instituciones del Estado.