El acuerdo alcanzado entre el PSOE y el PP para la renovación de las instituciones es el primer gran acuerdo de Estado de esta legislatura. Por lo tanto, debe ser acogido con satisfación por los españoles. Debemos felicitarnos por el hecho de que se haya impuesto la política del encuentro, del diálogo y de la búsqueda compartida del interés general en la renovación del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas, del Defensor del Pueblo y de la Agencia de Protección de Datos. Aunque previsiblemente habrá que esperar para que se conozcan los nombres de las personas que van a materializar la renovación, es de desear que siga primando este espíritu de concordia y no se produzcan sorpresas a la hora de designarlas con criterios de prestigio y solvencia.

Este acuerdo coloca a la política española en la senda de la normalidad constitucional y ha sido posible gracias a la iniciativa de Pablo Casado en el Congreso, que en esta ocasión ha encontrado la receptividad de Pedro Sánchez, quizás consciente de que no puede seguir levantando un muro frente al otro gran partido constitucionalista. Veremos hasta qué punto resiste a la presión de sus socios de la izquierda radical y de los separatistas, que no están precisamente contentos.

Queda pendiente la renovación del Consejor General del Poder Judicial, que el PP quiere vincular, con razón, a un fortalecimiento de la independencia del Poder Judicial. Con el realismo que debe regir la política, sería deseable que Pedro Sánchez no abandone el camino iniciado, lo que significaría ganar serenidad y sentido común en la vida política y fortalecer el pacto constitucional.