¿Dónde queda la honorabilidad de la Fiscalía?

Álvaro García Ortiz, el Fiscal general del Estado, se sentará en el banquillo de los acusados. Irá a juicio acusado de un delito de revelación de secretos. El Fiscal recurrió el auto del juez instructor, pero el Supremo ha rechazado el recurso. 

El imperio de la ley se aplica a todos sin excepciones. Nadie está exento de cumplir la Ley, aunque los secretos revelados afecten a un ciudadano investigado por un delito. Esta supuesta excepción, que algunos reclaman para García Ortiz, sería gravísima. 

Un Fiscal General del Estado no puede actuar contra Derecho ni servir a otros intereses que no sean los propios de la Justicia. 

García Ortiz manejó información privilegiada, la usó y borró pruebas de manera intencionada. Sabía a qué se enfrentaba y lo hizo. Y lo hizo en calidad de alta magistratura del Estado y contraviniendo un mandato que le obliga a actuar con imparcialidad. 

Durante ocho meses, García Ortiz se ha aferrado al cargo y no le ha importado usarlo como escudo protector. Se ha negado a dimitir sin importarle el descrédito institucional de una magistratura que debe defender la legalidad, los derechos ciudadanos y el interés público. Mientras tanto, el Gobierno, como ha hecho desde el primer momento, le seguirá apoyando. Flaco favor le hace a la Fiscalía, a su credibilidad y a la independencia que le es propia.