El Gobierno ha decidido tomar de forma directa el control de la ejecución del Presupuesto de la Generalitat. El Estado sustituye a la Generalitat en la mayoría de los pagos y hace así más difícil que se distraiga dinero para costear los gastos del referéndum. Esta medida, sin duda de tintes excepcionales, se toma en unas circunstancias muy concretas. El Tribunal Supremo ha respaldado la decisión que en su momento tomó el Ejecutivo de que exigía a la Generalitat dar cuenta de sus pagos de forma semanal.

Aquella decisión se tomó cuando se había detectado una partida destinada a sufragar una consulta que en los últimos días ha sido prohibida por el Tribunal Constitucional. A pesar de la prohibición, todo lo que ha hecho el presidente de la Generalitat demuestra su voluntad de desobedecer la ley.

La Hacienda Pública catalana es una hacienda en quiebra que puede hacer frente a sus pagos gracias al rescate del Fondo de Liquidez Autonómica. Sería un contrasentido que se le permitiera gastar dinero en un referéndum ilegal con el dinero del Estado, que es el dinero de todos los españoles.

Es sorprendente que a estas alturas Puigdemont escriba una carta para pedir, como ha hecho, un referéndum pactado. Es otro dislate más que si tiene algún propósito es engañar a algún incauto. A medida que se acerque la fecha del 1 de octubre y, vista la voluntad de desobediencia de la Generalitat, el Estado tendrá que ir utilizando todos los elementos a su disposición, de forma gradual, para impedir que haya urnas. Es la soberanía del pueblo español la que se cuestiona y es tarea de sus legítimos representantes defenderla.