Mientras se desarrolla el juicio a los responsables del intento de golpe de Estado en Cataluña, se plantea en el debate social cuál es la forma y cuáles las herramientas jurídicas y políticas para defender nuestra democracia. Se trata de un tema delicado que ya ha suscitado grandes recelos en diversos países, porque hay que conjugar ese esfuerzo con las libertades y derechos fundamentales. Sin embargo las amenazas que se ciernen sobre los sistemas democráticos deben impulsar esta reflexión que servirá de base a los legisladores para buscar un equilibrio basado en la propia Constitución.

Lo ocurrido ayer en el Congreso con el rechazo del PSOE, Podemos y los nacionalistas, de una propuesta del Partido Popular para configurar como delito penal la convocatoria de referéndums ilegales, es un reflejo de la dificultad de alcanzar un consenso al respecto, a pesar de la gravedad de lo que ocurrió el 1 de octubre de 2017.

Lo significativo es que mientras el PP y Ciudadanos apoyaban esta medida como un freno a quienes se amparan en la supuesta inocencia de convocar a la ciudadanía a votar, para violentar nuestro sistema de convivencia, el PSOE la rechazaba argumentando que ya existen suficientes mecanismos para defender el orden constitucional. Se escenificaba así, de nuevo, la división entre los constitucionalistas, fruto de las hipotecas asumidas por el PSOE de Sánchez.