La Comisión europea ante la Ley Celá

La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea reconoce en su artículo 14 que los padres tienen derecho a elegir libremente qué modelo educativo quieren para sus hijos de acuerdo con sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas. Así mismo, el citado artículo reconoce la libertad de creación de centros educativos desde el respeto a los principios constitucionales y las leyes nacionales. Pues bien, este es el artículo al que se refiere la Comisión Europea en su Informe sobre la reforma del sistema educativo en España conocida como Ley Celáa.

Al apelar al artículo 14 la Comisión advierte sobre el peligro de que la norma aprobada en España comprometa los principios mencionados en la medida en que prevé la sustitución de plazas de la escuela concertada a base de ampliar las plazas de la escuela pública.

Este Informe coincide con la presentación ante la Comisión Europea de un escrito elaborado por la Plataforma Más Plurales en el que se denuncia que la nueva Ley pone en riesgo derechos y libertades en materia educativa. El pasado 26 de noviembre esta misma Plataforma pidió amparo ante la Comisión de peticiones del Parlamento europeo.

La Ley se ha tramitado sin el sosiego necesario, más como un borrón y cuenta nueva que como una propuesta de mejora de un sistema educativo en el que participan activamente y de pleno derecho actores distintos, pero al servicio de un mismo fin. El Gobierno debería escuchar la sugerencia europea y buscar un acuerdo que devuelva la cordura a un asunto capital, que está abriendo brechas que pueden ser difíciles de sanar.