Cambio en las reglas del juego

El Consejo de ministros ha dado luz verde esta semana a un anteproyecto de reforma de la ley electoral que obligará a celebrar, al menos, un debate en la televisión pública. La propuesta incluye, además, la obligación de publicar los microdatos de las encuestas. 

Esta reforma se enmarca en el denominado Plan de Acción por la Democracia, impulsado por el Gobierno. Una modificación de la ley electoral supone un cambio de enorme sensibilidad, por ello debería emprenderse con el mayor consenso posible y con el respaldo explícito de varios grupos parlamentarios, entre ellos, sin duda, los dos mayoritarios.

Que el Gobierno emprenda por su cuenta y riesgo una reforma de calado en este ámbito puede generar una legítima inquietud. A la vista del precedente del CIS, o de cómo se han politizado instituciones que van desde el Tribunal Constitucional hasta RTVE, resulta casi provocador que el Ejecutivo se arrogue la responsabilidad de promover un Plan de Acción por la Democracia. 

Esta inquietud aumenta ante propuestas tan exóticas y temerarias como la promovida por SUMAR, que plantea reducir la edad mínima para votar de los 18 a los 16 años.

Nuestra democracia debe seguir perfeccionando su ley electoral. Pero todo cambio que afecte a las reglas del juego debe abordarse con extrema cautela y un consenso reforzado. Dada la fragilidad del Gobierno, la naturaleza de sus apoyos parlamentarios y la trayectoria de Sánchez en lo que respecta a la injerencia institucional, no parece que se den las condiciones idóneas para reformar la ley electoral.