En otras circunstancias el acuerdo alcanzado entre Gobierno, patronal y sindicatos sobre la subida del salario mínimo interprofesional hubiera tenido una mayor repercusión informativa. Pero la incertidumbre política lo llena todo. La decisión de incrementar en un cuatro por ciento el salario mínimo para el próximo año ratifica, en cierta medida, el fin de la política de contención salarial fruto de la crisis. El Gobierno ha puesto sobre la mesa la intención de llevar este salario hasta los 850 euros en los próximos tres años, lo que indica una previsión de que el crecimiento económico tendrá un efecto directo en lo que perciben los trabajadores y en las rentas más bajas. El esfuerzo de años pasados se verá de alguna forma compensado.

El acuerdo apunta una tendencia al entendimiento que puede cimentar futuros acuerdos en materia económica y social que contribuirían decisivamente a apuntalar la recuperación. El diálogo, que ya está dando sus frutos, debería servir, entre otras cosas, para mejorar la productividad y la competencia de la economía española, y también a la creación de empleo de mejor calidad. Este clima favorable es posible gracias al ejercicio de responsabilidad del Ejecutivo y los agentes sociales, que deben sumar esfuerzos para conseguir más empleos con mejores salarios.