Ruperto Sánchez es un teniente coronel hispano venezolano que nació en Valladolid en 1966. Su madre es de un pueblo de Castilla y León y su padre es venezolano. Llega al país en el que se encuentra muy pequeño, cuando apenas era un niño.

El oficial atraviesa una situación muy complicada, ya que permanece en prisión a pesar de haber cumplido su pena de cárcel. Sánchez fue condenado a siete años, acusado de instigación a la rebelión militar. Por tanto, a pesar de haber cumplido el tiempo que dictó un juez, y tal y como defiende su abogado, se le está "violando el debido proceso y el derecho a la libertad, el tribunal de ejecución no le otorga la libertad".

Sánchez ya ha pagado 6 años, 10 meses de su condena y por la que "debió salir en libertad en agosto de 2019" por las denominadas redenciones judiciales realizadas durante el tiempo en prisión según reitera su defensa.

En COPE hemos recogido el testimonio de Kerling Sánchez, esposa del teniente, que nos ha explicado la situación que atraviesa su marido.

La detención se produjo el 15 de mayo de 2014. Kerling ha manifestado que no había ninguna prueba contra él que demostrase el delito que se le imputaba. Por tanto, se producía de un modo injusto, sin sustento alguno. "Sin una foto, sin un vídeo, sin un audio, sin armas, sin ninguna prueba fue sentenciado por ese delito a 7 años y tres meses de prisión.

Además, le trasladaron de prisión lo que dificultaría todavía más las cosas para tener contacto alguno con él. "El juez decidió hacer tras la sentencia un cambio de centro. Ruperto estaba preso en Ramo Verde en una población cercana a Caracas. Y finalmente, sería mandado a la cárcel de la Pica, a 9 horas de distancia de donde nosotros vivimos. Mi dos hijos eran menores de edad y tenían 9 y 15 años".

ASÍ PERMANECE EN PRISIÓN: SIN AGUA POTABLE, HACINADO Y CON UN ESTADO DE SALUD QUE PREOCUPA

El 5 de julio de 2020, sería trasladado de nuevo a Ramo Verde. Y desde esa fecha, se encuentra allí. Pudieron verlo cuatro días después dónde él les contaba las condiciones. "Sin agua potable, hacinamiento...su estado de salud en este momento me preocupa mucho porque en noviembre del año pasado me contó que había sido dos veces trasladado al hospital con crisis hipertensivas. En marzo lo analizaron de nuevo los médicos y esto me preocupa porque eso nos habla de la preocupación que vive en la cárcel".

Una circunstancia, contaba a COPE, que era terrible porque "a pesar de ser inocente y de recibir esa injusta condena fue apartado de nuestra familia cosa que aquí hay leyes que están inscritas para proteger a los niños y adolescentes".

Respecto al estado judicial actual que atraviesa, su esposa nos insiste en que ya ha cumplido su condena porque "las leyes venezolanas en el código orgánico penitenciario se habla de redenciones. Ruperto hizo horas de estudio y trabajo para aminorar su condena. Eso es un derecho contemplado dentro de nuestras leyes. Cumplió con 712 días de redenciones que no se ha cumplido y que le mantienen preso de forma injusta"

Kerling lucha incansablemente por la libertad de su marido

"Durante el primer año, mantuvimos silencio pensando que en el juicio se demostraría la inocencia y que íbamos a obtener su libertad. No fue así. Y ese dolor hace que uno, en mi caso, esas lágrimas se convirtieran en fuerza y valentía para llevar a cabo el camino que me permitiera llegar a su libertad. Comencé a dar ruedas de prensa, participar en actividades con los familiares de todos los presos políticos".

Y su esposo contaba a COPE que tiene el apoyo de organizaciones de derechos humanos, de relatores de la ONU y a través de numerosas comparecencias públicas que ha hecho que le permiten continuar adelante en esta pelea.

"El consulado español ha estado todo el tiempo a mi lado y preocupados cuando se enteraron de la situación de Ruperto. Reuniones y actividades múltiples". Una lucha que abandonará cuando su marido abandone la cárcel.

El Foro Penal, que encabeza la defensa de los considerados presos de conciencia en Venezuela como ocurre con Ruperto Sánchez, aseguró esta semana que 320 personas están tras las rejas en el país por razones políticas, y hay más de 9.000 personas siguen sujetas, arbitrariamente, a medidas restrictivas de su libertad.