Tras los atentados terrorista del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington, Estado Unidos comenzó una guerra contra el terror. En ese contexto, el Reino Unido toleró el "inexcusable" maltrato a los detenidos por parte de EE.UU. según indica un informe difundido este jueves por el Parlamento británico.

El documento, elaborado por la Comisión de Seguridad e Inteligencia de la Cámara de los Comunes, dice que está "fuera de toda duda" que los servicios secretos británicos conocían desde el principio las actividades de sus homólogos de EE.UU., como parte de la campaña militar internacional contra el terrorismo y Al Qaeda.

No obstante, los diputados no han hallado "pruebas concluyentes" de que las agencias del Reino Unido tuvieran una política de ignorar deliberadamente esas prácticas ni de que agentes británicos llevaran a cabo también "malos tratos" de prisioneros.

Sí concluyen que tanto el Gobierno como los servicios secretos exterior, MI6, e interior, MI5, "pudieron hacer mucho más" para influir en el modus operandi del Gobierno de Estados Unidos, dirigido entonces por George W. Bush.

El informe precisa que, en 232 casos, personal británico continuó enviando preguntas o información a los interrogadores aliados pese a conocer o sospechar que se estaba maltratando a los detenidos.

En 198, recibieron información obtenida de presos de los que sabían o deberían haber sabido que habían sido objeto de malos tratos, y en el año 2002 hubo al menos 32 casos en los que agentes británicos presenciaron o supieron de esas prácticas.

Los diputados detectaron tres casos en los que MI6 o MI5 hicieron u ofrecieron pagos para la detención y el traslado extrajudicial de sospechosos a países donde corrían un riesgo flagrante de ser sometidos a maltrato o tortura.

En 28 casos, las agencias británicas propusieron, planearon o aprobaron operaciones de "entrega ilegal" auspiciadas por la CIA estadounidense y, en otros 22, proporcionaron datos que las facilitaron.

La comisión no encontró pruebas de que ningún vuelo estadounidense partícipe de una entrega ilegal pasara por el Reino Unido con un sospechoso detenido a bordo, pero constató que al menos dos arrestados pararon en la isla de Diego García, un territorio británico en el océano Índico.

Los diputados rechazaron el argumento de los servicios secretos de que lo ocurrido fueron "sucesos aislados", y apuntan que, aunque fueran "aislados" para el agente que fue testigo en el momento, "no pueden considerarse aislados desde el punto de vista del mando central".

"Que los Estados Unidos, y otros, estaban maltratando a detenidos queda fuera de toda duda, y también que las agencias de defensa e inteligencia lo sabían desde el principio", afirma el informe.

Varias organizaciones británicas de defensa de los derechos humanos pidieron este jueves al Gobierno que autorice una investigación judicial pública sobre el papel de este país en las infames entregas ilegales, al considerar que la comisión parlamentaria, presidida por el conservador Dominic Grieve, no es independiente ni tiene los recursos para llegar al fondo del asunto.