El PP ha presentado una proposición de ley en favor de la "neutralidad institucional" para evitar la exhibición en espacios públicos de símbolos "excluyentes", como los lazos amarillos, obligando a funcionarios y cargos públicos a impedir su colocación, con posibilidad de ser cesados si no lo hacen.
La iniciativa ha sido registrada hoy en el Congreso y presentada por el secretario general del grupo popular, José Antonio Bermúdez de Castro, quien ha explicado que no se trata de perseguir a los ciudadanos que coloquen este tipo de símbolos, sino de garantizar que las autoridades tampoco lo hacen y que además lo impiden.
Para ello, el PP ha decidido asumir en esta norma el régimen sancionador ya recogido en la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, que prevé desde la amonestación al alto cargo en caso de infracción leve hasta su cese para la muy grave, que lleva aparejado el cese y la imposibilidad de volver a un puesto similar entre 5 y 10 años.
También podrán ser sancionados por faltas muy graves los empleados públicos que tengan conocimiento de la exhibición de estos símbolos y no lo comuniquen a las autoridades porque, según recuerda el grupo popular, el Estatuto Básico del Empleado público les obliga a actuar siempre bajo el principio de la neutralidad institucional.