Polonia consolida su posición de prohibir la entrada de inmigrantes ilegales en el país. El pasado 15 de octubre el Parlamento aprobó una ley para que aquellas personas que entren en sus fronteras desde algún país de fuera de la Unión Europea de forma irregular sean expulsados de forma directa. También aprobó la construcción de un muro en la frontera con vallas de alambre y púas en la frontera con Bielorrusia y Polonia ha aumentado los recursos militares en la zona de la frontera con Bielorrusia destinando 10.000 soldados.

Además de la expulsión, la persona que rebase las fronteras no podrá volver a entrar al país o alguna zona del espacio Schengen por un tiempo de entre 6 meses y tres años. Por otro lado, la ley recoge que si los inmigrantes ilegales "destruyen, modifican, mueven o inutilizan" las protecciones e infraestructuras que establecen la frontera se enfrentarán a una pena de entre seis meses y cinco años de cárcel.

Este miércoles se ha concretado la autorización de que las fuerzas de seguridad polacas expulsen a aquellos que entren en el país de forma irregular independientemente de la situación de la persona. La única excepción general se aplica a aquellos padres o madres que estén acompañados por sus hijos. También se estudiarán casos de petición de asilo o refugio, pero solo en casos en los que el inmigrante "provenga directamente de un territorio donde su vida o libertad estaban amenazadas, sufría persecución o amenazas de daños graves". En el momento de la expulsión, los agentes deberán realizar un informe y que este lo autorice el jefe de la guardia de la frontera.

Esta nueva ley de extranjería ha levantado una gran polémica entre aquellos que critican que esta medida vulnera los compromisos del país con el derecho internacional. Por otro lado, otro sector de la sociedad apoya esta reforma argumentando que es una manera de proteger las fronteras del país.

Bielorrusia fomenta la inmigración ilegal como venganza contra la UE

Polonia justifica esta ley por la necesidad de frenar la oleada de inmigración que está llegando al país desde Bielorrusia por la complicada situación que atraviesa el país de Alexander Lukashenko. Además, el Gobierno polaco acusa al país colindante de utilizar a los migrantes como arma de protesta contra las sanciones impuestas por la Unión Europea a Bielorrusia.

Esta versión también la defiende la propia Unión Europea, que ve esta situación una represalia del régimen de Lukashenko, que estaría permitiendo la llegada de inmigrantes ilegales procedentes de Oriente Medio y África a Polonia, una de las fronteras de la UE. Esta compenetración entre el país y el organismo europeo choca con la creciente tensión de ambos por sus diferencias en materia judicial, que ha acabado con una sanción económica de la Unión Europea a Polonia.

La reforma en política migratoria del Gobierno polaco ha sido apoyada por Austria, Bulgaria, Chipre, Chequia, Dinamarca, Estonia, Grecia, Hungría, Lituania, Letonia, Polonia y Eslovaquia. Estos países proponen que la UE refuerce las barreras físicas para evitar las oleadas de inmigración ilegal y evitar que se desestabilice el territorio del marco común europeo.

Jakub Kumoch, jefe de Política Internacional de la Cancillería del presidente, criticó que Bielorrusia favorezca esta inmigración ilegal. El dirigente polaco comenta que la gran mayoría de personas que llegan a la frontera, al ser preguntadas por si quieren asilo político, "la respuesta suele ser 'no'".