Nicaragua cumple cuatro meses de profunda crisis sociopolítica entre manifestaciones en contra y a favor del presidente Daniel Ortega, y con una queja del Gobierno por los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Miles de nicaragüenses han participado en la marcha denominada "Nada está normal", en rechazo al discurso oficial, que asegura que Nicaragua ha recuperado la normalidad cuatro meses después del estallido social, que ha dejado entre 317 y 448 muertos en protestas contra Ortega, aunque este solo reconoce 198 víctimas mortales.

Simpatizantes del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) han participado en otra marcha multitudinaria, aunque visiblemente menos concurrida que la de los manifestantes autoconvocados. Este mismo sábado el Gobierno de Nicaragua ha emitido un "informe evaluativo" sobre el trabajo de la CIDH, a la que calificó de "parcializada y politizada", por sus informes sobre este país centroamericano desde el 21 de mayo pasado.

El Ejecutivo nicaragüense ha afirmado que el primer informe de la CIDH está basado "en informaciones audiovisuales y testimonios editados y manipulados por los autores y ejecutores del intento de golpe de Estado, dándole plena veracidad a los mismos, sin haberle dado posibilidad al Gobierno de Nicaragua de pronunciarse sobre tales afirmaciones infundadas". El Gobierno ha hecho este señalamiento dos días después de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la CIDH, que da seguimiento a las investigaciones de los actos de violencia, mostrase públicamente su preocupación por la negativa del Estado nicaragüense a brindar información. 

El Gobierno de Nicaragua fue directo al mencionar que "la CIDH manipuló la información, convirtiendo un intento de golpe de Estado en una supuesta protesta pacífica". Horas antes de la publicación gubernamental, al menos dos familias de la ciudad de Masaya denunciaron que paramilitares y policías asaltaron sus viviendas, mientras sus vecinos colgaron en internet los vídeos de lo ocurrido. El analista político y excandidato a la presidencia Edmundo Jarquín advirtió de que los paramilitares podrían "eliminar" a cualquier jefe de las Fuerzas Armadas de Nicaragua que consideren sospechoso de ser desleal a Ortega, ya que ellos no se rigen por las leyes del país sino por las órdenes del presidente.

Nicaragua atraviesa la crisis política más sangrienta desde la década de 1980, cuando también Ortega gobernaba el país. Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en exigencias para que renuncie el mandatario, quien lleva once años seguidos en el poder y al que se acusa de abuso y corrupción.