La denuncia de Ciudadanos ante la Fiscalía sobre posibles irregularidades en contratos de alta dirección en la empresa pública de la Diputación de Valencia Divalterra afirmaba que se había contratado a tres militantes del PSOE y cuatro de Compromís con un salario anual de 75.000 euros y coste total de 2,5 millones esta legislatura.

La denuncia, presentada en abril, explicaba que en noviembre de 2015 la antigua Imelsa contrató mediante libre designación a siete directores de área con contrato de alta dirección, evitando la convocatoria pública de plaza, pues viendo su currículum "la mayoría difícilmente pasaría la primera fase".

Cada uno de esos siete "teóricos altos cargos", expone la denuncia, cobraba un salario anual de 50.000 euros más gastos de desplazamiento del domicilio al lugar de trabajo, comportando 75.000 euros al año, con un coste total para la legislatura de 2,5 millones de euros, incluidas posibles indemnizaciones por cese.

Ciudadanos apuntaba además a una "distracción de fondos a partidos políticos" por parte de esos altos cargos contratados, pues indicaba que era posible que los altos cargos contratados en Divalterra "realicen, de las retribuciones percibidas por la empresa pública, donaciones o aportaciones a sus partidos políticos por el mero hecho de haberlos 'enchufado'", procedentes de fondos públicos.

"Esto supondría una reiterada sustracción de los fondos públicos, desviación del destino de los mismos y malversación de fondos públicos de especial gravedad", indica la denuncia presentada por el representante de Ciudadanos en el consejo de administración de Divalterra, Jorge Ochando.

La denuncia se formuló contra el presidente de la Diputación de Valencia y del consejo de administración de Divalterra, Jorge Rodríguez; los cogerentes de Divalterra Xavier Simón (del PSPV) y Agustina Brines (de Compromís); y el secretario del consejo de administración de la empresa, Jorge Cuerda.

Ciudadanos consideraba que se habían podido producir los delitos de prevaricación, falsedad documental, administración desleal, delitos societarios, negociaciones prohibidas, ocultación de información y malversación de fondos públicos.

La denuncia exponía que esa contratación se hizo de manera "conscientemente ilegal y a sabiendas de su injusticia y arbitrariedad, contra los estatutos de la empresa pública y con perjuicio y menoscabo de los caudales públicos, lo cual supone una sustracción y malversación de fondos públicos y desviación del destino de los mismos".

Según esa denuncia, se eludieron todos los principios de acceso al empleo público para "intencionadamente" elegir a aquellos a los que la gerencia decida por ser militantes de sus partidos, pese a que una docena de informes jurídicos alertaba de que no debían considerarse de alta dirección, los cuales se ocultaron además al consejo de administración.

Además, se indicaba que "determinados altos cargos asisten parcialmente al trabajo" y que "determinados altos cargos no tienen presupuesto disponible, ni personal a su cargo, ni funciones o tareas a desempeñar".

Ciudadanos ha explicado que tuvieron que ir con un notario para que les facilitaran toda la documentación que solicitaban sobre estas contrataciones, y que al hacerles "caso omiso" tuvieron que poner en manos de la Fiscalía toda la documentación de la que disponían.