El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá reconocía en 'Herrera en COPE' que todavía no sabe a cuánto ascenderá la factura por la aplicación de la renta mínima vital que el Gobierno pretende implantar a partir del mes de mayo. En una entrevista con Carlos Herrera, el ministro sí se ha atrevido a decir que su coste "estaría en el alto más rango de lo que podemos prever". "Estamos cruzando datos con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social y tomando como referencia la encuesta de condiciones de vida, que da ya una primera fotografía. Pero aún es muy difícil dar una cifra", ha señalado.

Además, Escrivá ha negado en nuestros micrófonos falta de coordinación con el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias. No obstante, Iglesias declaraba que le hubiese gustado anunciar conjuntamente esta medida con Escrivá.... algo que no compartía el ministro de Seguridad Social. La medida se anunciaba esta semana en el Congreso. Allí, el ministro adelantaba que está ayuda será complementaria a las prestaciones que existen en las comunidades autónomas. Su objetivo primordial será la de acabar con la “pobreza” de algunas familias afectadas por la crisis del coronavirus. Tendrá, además, carácter permanente e irá más allá de la crisis provocada por el COVID-19.

Se calcula que podrán atenerse a esta medida aproximadamente un millón de hogares e irá dirigido a un grupo muy concreto de la población. Escrivá ha dicho que esta renta mínima vital complementará renta muy bajas, aunque todavía no se ha concretado ese umbral. “La unidad de referencia será el hogar y no la persona. Será compatible con el salario de un nuevo trabajo durante un cierto tiempo”, asegura.

Estas son las medidas similares que se han aplicado en otros países

En Estados Unidos, por ejemplo, han aprobado conceder una ayuda de 1.200 dólares mensuales para aquellos ciudadanos que hayan sufrido una bajada de sus ingresos. A medida que la situación vaya mejorando, se irá reduciendo esta prestación hasta su desaparición. Esta renta básica surge para reforzar la protección social y favorecerá la recuperación.

Ahora viajamos hasta Finlandia. Allí no fraguó el “experimento” de una renta básica de 560 euros mensuales. Una ayuda que iba destinada a 2.000 parados. Se puso en marcha en 2016 y tres años después el Gobierno decidió prescindir de él ya que “no mejoraba la situación laboral de los beneficiarios”, aseguraban. Brasil ha anunciado pagos de 600 reales (115 euros al mes) durante un trimestre completo para casi 60 millones de trabajadores. Una pequeña prestación que permitirá un pequeño alivio económico a las familias más desfavorecidas. Sin embargo, Bolsonaro no ha indicado cuando desaparecerá esta renta.

En Alemania, según nos ha contado Rosalía Sánchez, corresponsal de COPE en Alemania, esta cuestión se ha discutido mucho durante los últimos años, pero formulada de una manera muy distinta a la iniciativa “estrella” de Iglesias. Sería para todo el mundo, no para unos millones de ciudadanos y sustituiría a otras ayudas sociales. No obstante, no ha llegado jamás a aprobarse ni llegar a término. Si echamos la mirada a Bélgica, por ahora no se ha optado por el Ingreso Mínimo Vital pero el Ejecutivo dará un bono de 1.450 euros tanto al personal médico como los farmacéuticos. El denominado “bonus COVID-19” se asignará a unas 10.000 personas, lo que elevará la factura a unos 14,5 millones de euros aproximadamente.

Por último, focalizamos nuestra atención en Reino Unido. En este país lo han pedido algunos diputados y lo defienden diversos analistas, pero no tiene visos de prosperar. Así nos lo ha adelantado nuestra corresponsal de COPE en el Reino Unido, Paloma García Ovejero. El partido conservador no lo ve como una solución adecuada y se denomina “universal basic income”.

Ahora bien, cabe realizar una distinción entre ingreso mínimo vital y renta básica universal que aplican algunos de los países anteriormente citados. La renta básica universal no realiza discriminación alguna en cuanto a renta se refiere. Sin embargo, el ingreso mínimo vital es una apuesta del Ejecutivo de dotar de ingresos a aquellos colectivos más vulnerables, con cargo a la Seguridad Social. El Gobierno, por tanto, en estos casos SÍ aplica un mínimo de ingresos.