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Bruselas aplaza la decisión sobre la oficialidad del catalán, el gallego y el euskera

Una petición presentada por España, que preside este semestre la Unión Europea, para cumplir una exigencia de Puigdemont para apoyar a Armengol a presidir el Congreso

EU Parliament plenary session in Strasbourg

Tiempo de lectura: 3'Actualizado 13:05

Los ministros de Asuntos Europeos, finalmente, no han discutido si es posible que el catalán, euskera y gallego se hablen en el Parlamento Europeo como el resto de idiomas de los países de la Unión.

La discusión se aplaza de momento, sin fecha, después de que el pasado viernes los diplomáticos de los 27, ya plantearon dudas sobre las vertientes financieras, políticas y prácticas.

España está muy interesada en que se acepte la petición presentada con nocturnidad y alevosía por el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, para dar oficialidad al catalán, euskera y gallego en el bloque comunitario, iniciativa que han enfriado países como Suecia y Finlandia y que, aunque no recibirá un portazo definitivo, presenta escasas opciones de alcanzar la unanimidad para votarse mañana.

En el paso previo a la discusión de este martes, en la reunión de los embajadores, fueron 16 los países que tomaron la palabra y 14 de ellos plantearon dudas sobre las vertientes financieras, políticas o prácticas, mientras que varios pidieron un informe de los servicios jurídicos del Consejo Europeo.

A su llegada a la reunión, el ministro de Asuntos Europeos finlandés, Anders Adlercreutz, ya señaló, en catalán, que hoy era "muy pronto" para aprobar la oficialidad de las lenguas. También su colega sueca, Jessika Roswall, afirmó que hoy era "demasiado pronto para pronunciarse".

Representantes de países como Croacia o Eslovaquia reconocieron tanto la "sensibilidad" de la propuesta para el Gobierno español como la importancia de "salvaguardar" la riqueza de las identidades culturales europeas, pero insistieron en que una solicitud como la española amerita un estudio de sus consecuencias.

La secretaria de Estado de Asuntos Europeos francesa, Laurence Boone, diferenció entre la Constitución de Francia y el marco jurídico europeo a la hora de afirmar que "nunca tiene miedo" del impacto que la propuesta española pueda tener en su país y se mostró partidaria de ver la manera de "acomodar a España en este asunto".


El argumento de España: están reconocidas en el artículo 55.2 del Tratado de la UE


España considera que el catalán, el euskera y el gallego, además de tener estatuto oficial en el Estado español, ya están reconocidas en tanto que lenguas cooficiales por el artículo 55.2 del Tratado de Unión Europea, tal y como se recoge en el texto que se debatirá este martes.

Ese artículo permite traducir el Tratado de la Unión Europea "a cualquier otra lengua que determinen los Estados miembros entre aquellas que, de conformidad con sus ordenamientos constitucionales, tengan estatuto de lengua oficial en la totalidad o en parte de su territorio".

Según varias fuentes europeas, ningún país se ha opuesto frontalmente a la propuesta española y República Checa y Eslovenia expusieron además que sus lenguas oficiales tienen menos hablantes que el catalán (10 millones aproximadamente), si bien sólo Liubliana expresó su pleno apoyo a la medida, según varias fuentes europeas.

Aunque España ha planteado su voluntad de asumir el coste de la traducción e interpretación de estas tres lenguas -lo cual para una fuente diplomática rebajará algunas reticencias-, otra alta fuente comunitaria dijo a EFE que no se ha hecho aún ningún estudio de impacto presupuestario al respecto.

Varias delegaciones señalan asimismo la inusitada rapidez con la que se ha tratado de tramitar este asunto, que se incluyó en la agenda de la primera reunión a nivel de ministros disponible y que previamente sólo han tratado los embajadores y no los grupos de trabajo más técnicos que suelen preparar antes en profundidad este tipo de debates.

La presidencia española, por su parte, no descarta usar ninguno de los mecanismos de los que dispone el Consejo en busca de la unanimidad: desde solicitar ese informe jurídico hasta devolver el asunto a los grupos de trabajo técnicos.

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