En La Moncloa asumen esperar al menos otro mes más para la luz verde por el Consejo de Ministros a la ley de Vivienda y hacerlo sin previsión de introducir grandes cambios, habida cuenta de que el informe del Consejo General del Poder Judicial resulta preceptivo pero no vinculante. La órbita socialista está lejos de aparecer dispuesta a dejarse achantar por el CGPJ.

Y ello es relevante ante el malestar existente con el órgano de gobierno de los jueces que ha propinado al Ejecutivo de Pedro Sánchez un auténtico revolcón a sus políticas coercitivas e intervencionistas para el mercado. Por una amplia mayoría de los vocales, 15 votos frente a 6, la norma estrella de la coalición fue dibujada plagada de carencias jurídicas, dudas incluidas sobre su carácter constitucional y competencial. Desestimada la ponencia fue encargada una nueva que será debatida a finales de este mes, truncando la planificación del Consejo de Ministros de ratificar el anteproyecto de ley este martes 18 de enero.

Una de las preocupaciones de la facción socialista pasa en realidad por calmar los ánimos de Unidas Podemos que ha vuelto a reprochar al socio mayoritario, como hizo en su momento, su tardanza en trasladar la medida al Consejo General del Poder Judicial. Los morados han recordado que el anteproyecto de ley fue aprobado el pasado 27 de octubre y “no fue hasta el 1 de diciembre cuando el PSOE, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, remitió el texto legal”. Los socialistas tragan saliva y, de cara a la galería, venden respeto al CGPJ. La cosa cambia entre bambalinas con la censura de la supuesta “injerencia” en contra del poder ejecutivo de un órgano caducado y en manos de una mayoría conservadora.

El Consejo de Ministros trata este martes de disimular el golpe con la aprobación del plan estatal de vivienda y del bono joven al alquiler, esto es, una ayuda tope de 250 euros para personas de entre 18 y 35 años, con unos ingresos inferiores a 24.318 euros al año, y con vigencia retroactiva desde este pasado 1 de enero. Parches aparte, la ley de Vivienda representa un quebradero de cabeza desde hace ya demasiados meses en el seno de la coalición y su futura tramitación en las Cortes tampoco será sencilla. Todo lo contrario.