Un testimonio tras otro. Muchos. Impactantes y desconcertantes. Lo fueron, en especial, los relatos sobre la campaña de hostigamiento a los guardia civiles y sus familias. Acoso y escraches en los acuartelamientos y en los hoteles en los que se hospedaban. A lo largo de la semana contaron lo que vivieron, lo que sufrieron en esos días en Cataluña. No sólo insultos, pintadas o caceroladas, que ya están más que acostumbrados. Eran peor las concentraciones, con los bomberos incluidos, agresiones con patadas, puñetazos o golpes, y la intimidación, con amenazas. Amenazas hasta de muerte, que llegaban a las redes sociales, con fotos de los agentes. Cuando la intimidación se acerca en forma de masa al lugar donde viven los agentes tiene mucho peligro. “Teníamos a la masa en la puerta del cuartel” dijo el agente de Manresa. No había perímetro de seguridad porque los Mossos d'Esquadra, responsables de ello, no estaban.

Impactante fue cuando el agente de Igualada, Barcelona, contó que les lanzaron un artefacto incendiario en la casa cuartel. Un bulto de ropa militar impregnado en combustible que cayó en el patio interior y que tuvieron que apagar los propios guardias civiles. El miedo se apoderó de las familias y cambiaron a los niños de dormitorio, a habitaciones interiores. Tenían cierto temor, todos, no sabían con qué se podían encontrar en cualquier momento.

Días antes, el director de la investigación del 1-O, un teniente coronel, manifestaba que Cataluña era un polvorín, se vivía un clima insurreccional. Y el cambio se notó a partir del 20 de septiembre, el día del asedio a la Consejería de Economía. Asedio del que no se percató la observadora internacional Helena Catt, neozelandesa, a pesar de haber estado en Barcelona desde el 4 de septiembre hasta el 6 de octubre, y tras haber cobrado 8.000 euros de la Generalitat, de Diplocat. A partir de ese día hubo una escalada de violencia, dijo el responsable de la investigación. El referéndum ilegal era la piedra angular de todo un proceso para la declaración de independencia y poner al Estado en una situación de conflicto. “Se iba a celebrar sí o sí”.

Los hechos del 20 de septiembre desbordaron todas las previsones, según la Guardia Civil. En la Consejería de Economía el riesgo era evidente. En el exterior había unas 45.000 personas, según dijo el líder independentista Jordi Sánchez, que era quien llevaba la voz cantante. Tomaba las decisiones y la Intendente de los Mossos d'Esquadra, Teresa Laplana, procesada por la Audiencia Nacional, no decía nada, simplemente acataba, explicaban los agentes allí destacados. Jordi Sánchez se presentó como “el interlocutor válido de la masa”. Y llevando “la voz cantante” no se mostró muy colaborador para sacar a la comisión judicial del edificio. Recordemos que la letrada judicial tuvo que salir por la azotea. La única oferta que hizo fue un pasillo de voluntarios de su plataforma, de ANC, para que saliesen vestidos de paisano y sin el material incautado. Dos mossas d'Esquadra fueron muy explícitas y dijeron a los a los agentes de que si salían con las cajas, con la documentación requisada, “ los iban a matar”. Y en esto, andaba por allí Oriol Junqueras y les dijo que lo comprendiese, que la protesta era la voluntad del pueblo. Y desde fuera, los manifestantes, “con el dedo hacían como que les cortaban el cuello”. Tiene pinta de polvorín.