El Gobierno ha puesto rumbo a toda máquina hacia una coyuntura inédita ante la posibilidad de que el Tribunal Constitucional acabe congelando a partir de este lunes la tramitación legislativa de su revolución exprés del Código Penal. De producirse, una vez abandonado el proyecto el Congreso con su aprobación por el Pleno, afectaría a su paso por el Senado que debate este martes en comisión y ponencia la reforma – que incluye la forzada renovación del TC – con el objetivo de lograr la aprobación definitiva el jueves en sesión plenaria.

Puestos en evidencia con los recursos del PP ante el Alto Tribunal sus atropellos y tropelías, el Ejecutivo, encabezado por el mismo Pedro Sánchez, ha desencadenado un obvio ejercicio de presión sobre los magistrados en la confianza de esquivar un frenazo al plan con el que espera consumar el vuelco progresista del Constitucional, además de consolidar su sociedad de intereses mutuos con ERC de la que dependerá la posibilidad de revalidar una nueva Legislatura. El Presidente ha aludido a un “complot burdo” de la “derecha judicial y política”, además de censurar que el Alto Tribunal pueda tomar decisiones con el mandato caducado.

Distintos ministros han ahondado estos días en el acoso al pedir públicamente “cordura” y “sentido común” a sus miembros, mientras dirigentes del PSOE los han tachado explícitamente de “fachas con toga” o, mimetizándose con el separatismo, han desplegado el osado discurso según el cual la soberanía popular prevalece sobre la legalidad. “A copiar 500 veces y a mano, que se aprende mejor”, sostenía en redes sociales Carmen Calvo: “Todos los Poderes e Instituciones del Estado están por debajo de la soberanía del pueblo español, y éste se expresa de manera directa en el Congreso y en el Senado”.

Bajo ese leitmotiv ya han señalado a la Oposición como enemigo bajo la cínica disyuntiva de “golpismo o Democracia”. En esa retórica están decididos en la sala de máquinas socialista a orientar todos sus mensajes. Haga lo que haga el Constitucional. “¡No se atreverán a paralizar la reforma en marcha!” El aviso de La Moncloa es rotundo. “Las consecuencias de adoptar las medidas cautelarísimas – sostienen - serían impredecibles. La crisis institucional sería de primer orden”. Pero las certezas en ningún caso existen en el núcleo duro presidencial ante la desconfianza del Poder Judicial. Hasta el punto de tener ideada una alternativa de adoptar el TC las cautelares. “El Senado deberá acatar”, admite la órbita socialista del Gobierno.

Para salir del entuerto de un revés, precipitará un plan B y pasa por registrar una proposición de ley específica que elimine la exigencia de la mayoría de tres quintos del Consejo General del Poder Judicial para el nombramiento de magistrados del TC y asegurándose además que el tribunal de garantías deba dar entrada al ex ministro Juan Carlos Campo y a la ex alto cargo de La Moncloa, Laura Díez. Total, la intención de Sánchez de lograr el relevo en el Constitucional sufriría sólo un retraso de semanas. Sin embargo, podría materializarse en enero o, con las vacaciones parlamentarias por medio, en febrero. Desde La Moncloa insisten a COPE en que “nada apartará al Presidente de su hoja de ruta”.

“Sánchez es Trump”

Hay una enorme inquietud en el PP ante el extremo que ha alcanzado Sánchez “sobrepasando todos los límites”. Génova advierte contra una deriva “profundamente antidemocrática” al actuar por la vía de urgencia, sin garantías, saltándose los procedimientos y controles legales, pisoteando los derechos de los diputados. “Pedro Sánchez es un Donald Trump de izquierdas”, zanja a COPE un alto cargo popular.