En La Moncloa aún están asimilando el golpe de la resolución del Tribunal Constitucional que ha enmendado el estado de alarma decretado para hacer frente al estallido de la pandemia. El fallo, aprobado por 6 votos frente a 5 y sin bloques ideológicos de por medio, ha dejado claro que el Gobierno debió tirar del estado de excepción, para el que obligatoriamente hubiera tenido que contar con la oposición, ante la suspensión de derechos fundamentales de la ciudadanía.

La envergadura el mazazo llevó al Ejecutivo a desenfundar en tiempo récord el hacha de guerra contra el Alto Tribunal. Cerrados en banda, han tratado de deslegitimar al Constitucional con un supuesto intento de interferir en la voluntad democrática de la mayoría de las Cortes que dio luz verde al decreto de alarma, así como a todas sus prórrogas. La doctrina desplegada desde La Moncloa han trampeado con la exaltación de su voluntad de salvar vidas debiendo actuar con rapidez cuando la sentencia en ningún caso cuestiona el confinamiento, sino la herramienta jurídica desplegada para lograr tal objetivo. Aun cuando el fallo tampoco respondió a una división partidista, en el seno del Ejecutivo han apuntalado la idea de haber estado en manos de 8 magistrados conservadores y 3 progresistas. Así las cosas, han disparado la urgencia por la renovación de órganos constitucionales caducados para cambiar su composición.

Y es que, a pesar del varapalo, el equipo de Pedro Sánchez en ningún caso parece dispuesto a abordar reformas legislativas; como si construir un nuevo marco jurídico implicase de inmediato admitir la ilegalidad cometida. La estrategia pasa por sortear las consecuencias del TC en la medida de lo posible amparándose una y otra vez como cortafuegos a su alrededor en que el estado de alarma resultó la herramienta más proporcional, eficaz y garantista. Es más que evidente el intento de pasar página de un debate que ha emborronado la pretendida puesta de largo del Gobierno de refresco. Sánchez ha visto cómo el tablero daba un giro de 180 grados: De encumbrar a los nuevos ministros a una tormenta que no solo ha diluido su remodelación, sino que ha dejado una convulsión interna en el seno de La Moncloa.

Ahí cobra todo el sentido la desaforada reacción de la titular de Defensa, Margarita Robles, de días atrás al atribuir al Constitucional “falta de sentido de Estado” fruto de “elucubraciones doctrinales” que han sembrado dudas sobre la gestión de la pandemia. Al fracaso de las distintas presiones sobre el Constitucional para teledirigirlo según su conveniencia, esto es, conseguir el aval del estado de alarma, ha de sumarse una tentativa del Gabinete de posponer la resolución hasta la vuelta del verano para “explotar” el estreno de las nuevas ministras. Esa fue justo la pretensión este sábado al reunir en La Sexta Noche poniendo toda la carne en el asador a Isabel Rodríguez, Pilar Llop, Pilar Alegría, Diana Morant y Raquel Sánchez.

Sánchez estaba entregado al cuento de la lechera del inicio de una nueva etapa al revolucionar su Consejo de Ministros más político, más rejuvenecido, más femenino y con mayor peso del PSOE dejándose además el cabo suelto de su ex jefe de gabinete, Iván Redondo, a cuya “cólera” por perder la partida de acumular todavía más poder haciéndose con el Ministerio de la Presidencia atribuyen en La Moncloa distintas filtraciones. Entre otras, precisamente, la división de opiniones entre Carmen Calvo y Félix Bolaños sobre el paraguas jurídico usado durante la pandemia. Un relato que, descontado, niega con rotundidad el equipo de Pedro Sánchez y que atribuye con cajas destempladas a la “sed de venganza” del otrora todopoderoso gurú contra Bolaños, quien fuese su contrapeso interno. Lo cierto es que cunde el temor a que Redondo lance, tras su fulminante cese, misiles contra la línea de flotación de Pedro Sánchez.