La salida de miembros del poder judicial para ejercer como ministros o diputados en el Congreso es algo frecuente en España. Uno de los casos más sonados de estas 'puertas giratorias' fue el de Baltasar Garzón. El que fuera magistrado del Juzgado Central de Instrucción n.º 5 de la Audiencia Nacional solicitó la excedencia voluntaria en 1993 para presentarse a las elecciones generales como segundo en las listas de Felipe González. Un año después dejó su cargo como delegado del Gobierno en el Plan Nacional sobre Drogas por discrepancias con González sobre su forma de actuar ante la corrupción

Las puertas giratorias en el Gobierno de Sánchez

En los ejecutivos de Sanchez encontramos también a personalidades provinientes de los tribunales. nombres como Dolores Delgado, Margarita Robles o Fernando Grande Marlaska. La primera fue fiscal en la Audiencia Nacional y, tras pasar ser Ministra de Justicia entre el 2018 y el 2020, ahora ocupa el cargo de fiscal general del Estado.

Margarita Robles ha pasado varias veces la frontera entre la política y la justicia. Fue presidenta de la Audiencia Provincial de Barcelona, convirtiéndose en la primera mujer en dirigir un órgano de este tipo. Después ejerció de subsecretaria en el Ministerio de Justicia y secretaria en el de interior durante el gobierno de Felipe González.

Tras su primera andada en la política, volvió a la justicia para ser magistrada del Tribunal Supremo desde el año 2004 al 2016. Regresó a la vida política de la mano de Pedro Sánchez como ministra de Asuntos Exteriores primero y ministra de Defensa después, cargo que ocupa actualmente.

La trayectoria judicial de Fernando Grande Marlaska está muy ligada a la banda terrorista ETA. Cuando ejerció en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, prohibió manifestaciones de la izquierda abertzale, ordenó la entrada en prisión de Arnaldo Otegi y la intervención policial de la organización Fórum Filatélico. Estas actuaciones le costaron amenazas de muerte por parte de los terroristas vascos, que en el año 2008 tenían planeado un atentado contra él. Fue escogido como ministro de Interior donde, bajo la validación del Tribunal Supremo, aprobó el acercamiento de 43 presos pertenecientes a ETA al País Vasco.

El último de estos saltos lo ha dado Juan Carlos Campo. Tras dejar el Ministerio de Justicia en manos de Pilar Llop, volverá a ejercer como juez en la Sala Penal de la Audiencia Nacional.

Los argumentos a favor y en contra

Estas vueltas a los tribunales son muy criticadas desde ciertos sectores del mundo jurídico. Consideran que se mancha la separación entre el poder ejecutivo y el judicial. En este sentido se pronunció José María de Pablo, abogado penalista, profesor en la Universidad de Navarra y en IE Law School, en su cuenta de Twitter dedicada a la divulgación jurídica. Defiende que la salida hacia la política es perfectamente legítima, pero entiende que no se debería permitir el camino de vuelta.

Me parece bien que un juez se pase a la política, pero debería estar prohibido el camino de vuelta.
Ahora queda en entredicho su imparcialidad, más en un órgano (la Sala Penal de la Audiencia Nacional) que juzga casos con evidente carga política.https://t.co/PpcZCisoDz

— José María de Pablo (@chemadepablo) July 12, 2021

Por el otro lado se encuentran los que defienden que la ley tiene mecanismos para proteger la imparcialidad de los jueces. Hemos hablado con Sergio Cámara, Doctor en Derecho Penal y Criminología y profesor en la UNED, que se ha expresado en este sentido. Considera que, al igual que cualquier ciudadano, puede escoger su ideología política. Señala también la existencia de asociaciones de jueces que tienen cierta vinculación con según qué ideología. La única diferencia que habría entre estos jueces y quienes dan el salto a la política sería que esta significación política es de conocimiento público.

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Ha destacado también la existencia de "cortafuegos" en la ley para preservar la independencia judicial. Uno de estos límites se encuentra en el artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En este se estipulan las causas por las que un juez deberá abstenerse de juzgar un caso. Varios de los puntos de este artículo hacen referencia a que el juez haya ocupado cargo público que pueda menoscabar su independencia en la causa. En estos casos la ley obliga a la abstención, pero, si no ocurriese, se puede solicitar la recusación por las partes.

No obstante, apunta que la situación de los fiscales es diferente. Hablando sobre la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, y su paso por la política, dice que al tratarse de un órgano jerarquizado, en el cual el ejecutivo escoge a "la cabeza pensante", lo cual puede perjudicar más a la separación de poderes que el caso de los jueces.