Vidal reclama al Gobierno financiar el transporte público en 2024 y promover la creación de viviendas a precio limitado

La consellera ha pedido al Gobierno central los 240 millones pendientes de abonar por los convenios de carreteras de 1998 y 2004

Vidal ha planteado flexibilizar la reserva obligatoria de VPO si las viviendas libres se destinan a vivienda asequible incentivada

La consellera de Vivienda, Territorio y Movilidad, Marta Vidal, haenviado dos cartas a los ministros de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, para solicitar la financiación para la gratuidad del transporte público en Baleares en 2024 e incentivar la creación de nuevas viviendas a precio limitado, entre otras cuestiones.

En ambos casos, la consellera también ha pedido mantener una primera reunión, a la mayor brevedad posible, para tratar las cuestiones de interés común de cada área, según ha indicado la Conselleria en una nota de prensa.

En materia de transportes, Vidal ha trasladado al ministro su "preocupación" por los acuerdos políticos logrados para la investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y en particular por el que establece la prórroga de la bonificación total del Estado del transporte público en Canarias para el 2024.

La consellera ha reclamado el mismo trato para Baleares, para recibir la financiación estatal "necesaria" para prorrogar la gratuidad del transporte público en ambos archipiélagos, dado que para el 2023 esta medida se estableció para Canarias y Baleares a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Asimismo, ha incidido en la necesidad de recuperar los convenios de carreteras y ferroviario. En el primer caso para contar con recursos estatales para la mejora de la red viaria, a través de los Consells y con independencia de los fondos del Factor de insularidad del Régimen Especial de las Illes Balears (REIB), y, en cuanto al convenio ferroviario, para obtener financiación para "afrontar nuevos proyectos de mejora y ampliación de la red de tren en Mallorca".

En relación con el Real Decreto ley 4/2019 del REIB, además, se ha pedido su "despliegue total" y "aplicación efectiva", en particular de lo dispuesto sobre el transporte público terrestre regular de viajeros, que queda reconocido en el decreto como "servicio público esencial" y por ello se establece que se "garantiza" su financiación a través de los PGE.

En materia presupuestaria, también ha trasladado a Puente la reclamación que se ha hecho las últimas legislaturas al Gobierno central para el pago pendiente de 240 millones de euros, derivados de los antiguos convenios de carreteras (1998 y 2004), sobre los cuales la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, declararon "la vigencia de los convenios e instó ambas administraciones a cumplir con los compromisos adquiridos".

Baleares recibieron un pago de 90 millones en enero de 2015, y en diciembre de 2015 se firmó un protocolo de intenciones para aportar otros 240 millones, que continúan pendientes después de todos estos años.

En relación con el transporte terrestre, Vidal ha trasladado al ministro una reivindicación "histórica" del sector como es la adaptación de la normativa estatal para amortiguar el efecto del tacógrafo en el archipiélago, mediante un acuerdo que "permita garantizar la actividad, el descanso y la seguridad de los transportistas, dentro del margen de actuación que concede la normativa europea".

MEJORA DE LA OSP MENORCA-MADRID Y EXENCIÓN DE IMPUESTOS A LA AVIACIÓN

En el ámbito del transporte aéreo, la consellera ha trasladado el interés en establecer un incremento de frecuencias en la ruta Menorca-Madrid, declarada Obligación de Servicio Público (OSP) desde 2012, por la falta de disponibilidad de plazas.

Además, ha pedido la implantación del proyecto piloto de OSP Menorca-Barcelona de control de precios máximos, concebido para "evitar unos precios excesivos", y estudiar la ampliación de esta iniciativa a otras conexiones de Ibiza y Menorca con la Península.

Vidal también ha solicitado una exención para todas las Islas, hasta el año 2030, en la aplicación del nuevo reglamento europeo sobre el uso de biocombustibles en la aviación. En este sentido, también ha reiterado que es "indispensable" tener en cuenta la insularidad ante el aumento de las tarifas aeroportuarias, por su "repercusión en un incremento añadido de los precios de los billetes de avión en las Islas".

Ha defendido también que se debe "avanzar hacia un modelo de cogestión aeroportuaria" y ha solicitado la convocatoria del Comité de Coordinación Aeroportuaria.

INCENTIVOS A LA VIVIENDA ASEQUIBLE Y DE ALQUILER

Por otro lado, en materia de vivienda, Vidal ha reclamado por carta a Rodríguez diversas medidas para facilitar el acceso a la vivienda y las ayudas sociales y para incentivar la salida al mercado de viviendas actualmente vacías y aumentar la oferta de vivienda de alquiler.

Entre otras, se plantean medidas para ampliar la efectividad de las medidas del Decreto Ley aprobado en Baleares, enfocado a la creación de la nueva figura de la vivienda de precio limitado (VPL) y en favorecer la construcción de más viviendas de protección pública.

En este ámbito, el Govern propone una modificación de la Ley reguladora de las Haciendas Locales para que los ayuntamientos puedan bonificar los impuestos de construcción y tasas urbanísticas a las viviendas asequibles incentivadas, como es el caso de la nueva vivienda de precio limitado (VPL) creada en Baleares, en la misma proporción que ya se establece para las viviendas de protección pública --una bonificación de hasta el 50 por ciento de la cuota íntegro del impuesto--.

Asimismo, la consellera ha planteado una flexibilización de la reserva obligatoria de las viviendas de protección si las viviendas libres se destinan a vivienda asequible incentivada, como las viviendas de precio limitado previstos en Baleares.

En relación con las medidas para favorecer el acceso a la vivienda, Vidal también ha pedido que el Gobierno central pueda llevar a cabo la renovación del programa del Bono Alquiler Joven para 2024, potenciar los programas que aporten garantías a los propietarios de viviendas y establecer incentivos fiscales para pequeños propietarios, en ambos casos para facilitar la salida al mercado de más viviendas de alquiler.

Además, la consellera ha manifestado el interés en considerar futuras modificaciones de la Ley estatal 12/2023 por el derecho a la vivienda, y también tratar el "necesario encaje y respeto de esta ley estatal a las competencias autonómicas, cuestión que ha estado objeto de recursos ante el Tribunal Constitucional por parte de varias comunidades con gobiernos y mayorías parlamentarias de diferente signo político".