Una empresa “fantasma” que sería administrada por un ex funcionario venezolano habría recibido millonarios beneficios con la compra y venta de alimentos básicos a través de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), según publica este domingo 'El País'. La compañía lleva por nombre “MIR Importació i Exportació SL”, quien habría conseguido venderle al gobierno de Nicolás Maduro, por un total de 56,8 millones de euros, comida procedente de los países México y Colombia, “mediante contratos opacos adjudicados a dedo”. Según fuentes consultadas por el periódico, Venezuela pagaría por cada paquete de alimentos 34,87 dólares, obteniendo la empresa un margen de lo que sería su ganancia entre un 20% y un 40 %.

El origen de esta empresa es muy llamativa. Un farmacéutico barcelonés creó en 2011 la empresa MIR Importació i Exportació y varios años después decidió liquidarla. Sin embargo, una persona se interesó en su compra en otoño de 2016. Pese a ser creada en España, la organización no cuenta con trabajadores ni despacho en nuestro paós. Todos los datos que figuran en el registro mercantil son de una gestoría del Banco Sabadell. Como accionista y administradora figura una mujer de origen venezolano, vecina de la ciudad, que es hija de la actual pareja del hombre que realmente ha gestionado (al menos hasta fechas muy recientes) el negocio, Juan Vicente Roversi Thomas, que fue director de Proyectos Especiales del municipio de Puerto La Cruz (estado Anzoátegui) al menos hasta 2012. Roversi, firmó aproximadamente hace un año un contrato con la Corporación Venezolana de Comercio Exterior por 34,8 millones de dólares para que la sociedad administrará al país un millón de cajas CLAP.

 Tras casi dos años en marcha, los CLAP reciben duras críticas por su mala distribución —no llegan a muchas zonas o lo hacen muy de vez en cuando— y por la mala calidad de algunos productos. La leche en polvo es en realidad un sucedáneo que incumple los requisitos nutricionales fijados por la propia la normativa venezolana. Los CLAP, además, han sido acusados de fomentar el clientelismo —dependen de comités controlados por personas afines al régimen— y han acabado por convertirse en un colosal negocio de unos 3.000 millones de dólares para lucro de empresas como la de Sabadell y otras con sede en paraísos fiscales.