La defensa de la ex secretaria general técnica de Empleo Lourdes Medina ha solicitado que el tribunal que juzga a 21 ex altos cargos de la Junta imponga el pago de las costas del juicio de los ERE a la acusación popular que ejerce el PP-A por mantener una "acusación injusta" y el "injustificable daño causado".

Así lo ha solicitado en su informe final el letrado Manuel Salinero, que representa a Medina, acusada de prevaricación y malversación y para la que el fiscal pide seis años de prisión y el PP-A ocho, una acusación ante la que según su defensa "no basta con la absolución".

El abogado de Lourdes Medina, que inició su informe final el miércoles, también ha impugnado la documentación que consta en autos aportada a la Guardia Civil durante la investigación por la exasesora de la Consejería de Empleo María José Rofa -que estuvo imputada- que "carecen de toda validez" así como sus testimonios tanto en la instrucción como en el juicio, donde declaró durante varias sesiones, al ser "interesados y defensivos".

Por contra, ha defendido que la Secretaría General Técnica es un órgano tramitador integrado por "funcionarios especializados" ninguno de los cuales "advirtió o conoció irregularidad alguna" sobre el programa de las ayudas investigadas, y "todos ratifican que la actuación de la señora Medina fue siempre irreprochable".

Por su parte, el abogado Adolfo Cuéllar ha presentado su informe en defensa del también exsecretario de Empleo Javier Aguado, que afronta 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación, "los delitos más infamantes de los que se puede acusar a un funcionario o servidor público".

Ha criticado, como otras defensas, la inconcreción de las acusaciones contra su cliente así como que la única alusión "al móvil" por el que presuntamente delinquieron los 21 acusados sea "lograr que las ayudas se abonaran y concedieran con más rapidez".

Ha afeado que se parta para la acusación de muchos de los procesados de la existencia de un "plan concertado" y en el juicio no se haya ni siquiera intentado probar ese concierto.

Un concierto que ha considerado "materialmente imposible sin que estuvieran aquí presentes 150 o 200 personas más", como el resto de viceconsejeros y consejeros que formaron parte del Gobierno andaluz entre 2001 y 2010, los interventores de Empleo o IDEA y los parlamentarios que cada año aprobaron los Presupuestos andaluces con las ayudas de los ERE.

Precisamente, ha cuestionado la tesis de las acusaciones -basada en el informe de los peritos de la Intervención estatal que ha impugnado por tratarse de una pericial judicial- sobre el engaño al Parlamento, pues ha incidido en que las acusaciones no han traído ningún testigo para corroborarlo mientras que las defensas han citado a tres expresidentes de la Cámara y un letrado mayor que lo han negado.

Ha incidido en que los secretarios generales de Empleo no dictan resolución decisoria alguna, por lo que no cabe el delito de prevaricación, ni tenían a su cargos los fondos públicos presuntamente defraudados, por lo que no cabe la malversación ni activa ni por omisión.