CRISIS CATALUÑA

El TSJC retoma la investigación a Buch por promover el 1-O entre los alcaldes

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha retomado la causa por desobediencia contra el conseller de Interior, Miquel Buch, por promover el 1-O entre los alcaldes cuando presidía la Asociación Catalana de Municipios (ACM), a la espera de fijar una fecha para interrogarlo como investigado.

Agencia EFE

Tiempo de lectura: 3' Actualizado 11:09

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha retomado la causa por desobediencia contra el conseller de Interior, Miquel Buch, por promover el 1-O entre los alcaldes cuando presidía la Asociación Catalana de Municipios (ACM), a la espera de fijar una fecha para interrogarlo como investigado.

Según han informado a Efe fuentes jurídicas, el TSJC, que el pasado mes de febrero envió al Tribunal Supremo la causa contra Buch junto a la que abrió contra el Govern por convocar el 1-O, vuelve a tenerla en sus manos después de que el juez del alto tribunal Pablo Llarena haya rechazado su competencia para investigarla.

La investigación deriva de la querella que la Fiscalía presentó en vísperas del referéndum contra Buch, que entonces estaba al frente de la Asociación Catalana de Municipios (ACM), y contra la expresidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) Neus Lloveras, por emplazar a los alcaldes a promover el referéndum y a facilitar locales para celebrar el 1-O.

El mismo mes de septiembre, el TSJC admitió a trámite la querella contra Buch y Lloveras por un delito de desobediencia -descartando los de malversación y prevaricación de que también los acusaba la Fiscalía- y acordó citarlos a declarar como investigados, aunque sin fijar una fecha, a la espera de que la resolución fuera firme.

Cuando el Supremo asumió la causa por rebelión contra los líderes independentistas, el TSJC le remitió la investigación sobre Buch y Lloveras, para evitar "resoluciones contradictorias" y posibilitar "la investigación y enjuiciamiento conjunto" del caso relativo al "procés".

Sin embargo, de acuerdo con el criterio de la Fiscalía, el juez Pablo Llarena ha rechazado incluir en su causa por rebelión las diligencias contra Buch y Lloveras y las ha devuelto al TSJC, "sin perjuicio de que la actuación que se les atribuye pueda ser determinante de una responsabilidad penal distinta a la que aquí se depura", según sostiene en su auto.

El magistrado de la sala civil y penal del TSJC Jordi Seguí, designado como instructor del caso, debe fijar una fecha para la declaración como investigado de Buch, que, tras las elecciones del pasado 21 de diciembre, ostenta la condición de aforado por su cargo de diputado de JxCat en el Parlament.

En la exposición razonada que remitió al juez Llarena para que asumiera la causa contra Buch, Seguí señaló indicios de que el conseller de Interior y exalcalde de Premià de Mar (Barcelona) incurrió en un delito continuado de desobediencia por promover el 1-O en los ayuntamientos.

Entre los indicios que el juez aprecia contra Buch y Lloveras -que ya no es diputada-, figura un correo que, en su condición de presidentes de la ACM y la AMI, enviaron el pasado 6 de septiembre a los alcaldes de Cataluña donde "se les indicaba que debían proceder a confirmar la disponibilidad de los locales de votación, al tiempo que se les facilitaba un modelo de decreto de alcaldía para mostrar su apoyo político al referéndum", según apunta el magistrado en su escrito.

Seguí sustenta su investigación en otro correo que Buch y Lloveras remitieron el 12 de septiembre a alcaldes catalanes "bajo el rótulo 'material de campaña para el referéndum del 1 de octubre', que contenía el modelo de sendos carteles de fomento de la participación y -en el caso de la AMI- de defensa del voto afirmativo".

En la causa, que ha regresado esta pasada semana al TSJC, se indaga también un tercer correo enviado por Lloveras -alcaldesa de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) que en febrero pasado dimitió de su cargo de presidenta de la AMI y anunció que abandonaba la política-, con un informe en que el colectivo Secretarios, Interventores y Tesoreros de la administración local por la Independencia defendía la legalidad de la consulta.

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