La Policía Nacional, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, ha detenido a tres personas que defraudaron 3.317.689,66€ a la Seguridad Social.

Este fraude se produjo por el impago continuado de los seguros sociales a través de un conjunto de empresas compuesto por cinco sociedades mercantiles y trece asociaciones. Todas ellas del ámbito del arbitraje, asesoramiento jurídico y la gestión del alquiler.

Normalmente los detenidos usaban la figura jurídica de la asociación, debido a que los instrumentos que prevé la ley a la hora de regular las exigencias contables, de verificación de cuentas, publicidad y control de la actividad empresarial de las entidades, son mucho menos estrictos de la legislación mercantil.

Lo que más llama la atención de este operativo es que la dirección de estas empresas estaba formada por el presunto responsable de la trama, su ex cónyuge y la madre de este, una mujer de 80 años que hacía de testaferro.

El presunto cabecilla ya era un viejo conocido de la Administración Pública. Tenía tres órdenes de detención en vigor por la venta de seguros falsos a través del entramado.

A los detenidos se les imputa un delito contra la Seguridad Social a consecuencia de la deuda generada con las empresas investigadas, que a pesar de no tener bienes, registraban fondos capitales muy elevados. En muchos de los casos superaron la cuantía de delito económico contra la Seguridad Social (50.000 euros en cuatro años), incluso superando el tipo agravado (120.000 euros). 

También se les ha imputado un delito de frustración de la ejecución como resultado de las maniobras realizadas con el fin de obstaculizar y dificultar los diferentes cobros.