La decisión tomada ayer en el seno del Consejo de Ministros, y que hoy ya recoge el Boletín Oficial del Estado con la publicación de los decretos de indulto para los nueve líderes independentistas encarcelados por los acontecimientos sucedidos el 1 de octubre de 2017 en Cataluña, nos dejó un hecho histórico para la democracia en España.

Este movimiento estratégico por parte del Ejecutivo de Sánchez -y con el que se asegura la mayoría parlamentaria durante los próximos dos años- contempla que su validez está vinculada a que ninguo de los nueve indultados cometan ningún delito en un plazo que oscila entre los tres a los seis años.

A pesar de la importancia de la aplicación de esta medida de gracia, rechazada por unanimidad por el Tribunal Supremo al no apreciar razones de justicia, equidad y utilidad pública, el Gobierno de coalición ha apoyado sin fisuras un indulto que ahorrará más de 66 años de prisión a los Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Dolors Bassa, Carme Forcadell, Josep Rull, Joaquim Forn, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez.

El más beneficiado por los indultos ha sido Oriol Junqueras, quien llegó a afirmar en una entrevista en 2019 que renegaba del indulto: "se lo pueden meter por donde les quepa". Hace unos días, cuando la sombra del indulto invadía ya sin freno el umbral de Moncloa, el exvicepresidente de la Generalidad presumía de que los indultos eran "un triunfo", y que venían a demostrar "algunas de las debilidades de los aparatos del Estado". Junqueras, condenado a 13 años de cárcel por delitos de sedición y malversación, se libra de nueve años de prisión a condición de no cometer delito grave en seis años.

Le siguen los exconsejeros Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa, condenados a 12 años por sedición y malversación,y cuyas penas caducarían en febrero de 2030. Turull, exconsejero de Presidencia, se libra de ocho años y medio de prisión a condición de no cometer delito grave en seis años; Romeva, exconsejero de Exteriores, se libra de ocho años y medio de prisión a condición de no cometer delito grave en cuatro años; y Bassa, exconsejera de Trabajo, se libra de ocho años y medio de prisión a condición de no cometer delito grave en tres años.

La expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell, cuya pena se cumpliría en septiembre de 2029, se libra de un total de ocho años de prisión a condición de no cometer delito grave en cuatro años.

Por su parte, Josep Rull, exconsejero de Territorio, con una pena de diez años y medio por sedición, se libra de siete años y dos meses de prisión a condición de no cometer delito grave en seis años. Otro exconsejero, Joaquim Forn, que se encontraba al frente de Interior, también condenado con una pena de diez años y medio por sedición, se libra de siete años de prisión a condición de no cometer delito grave en seis años.

Por último, 'los Jordis': Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural, y Jordi Sànchez, presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) entre 2015 y 2017, se han ahorrado más de cinco años al ser condenados a nueve años de cárcel por sedición. La particularidad entre ellos recae en que Sánchez se libra de cinco años y cuatro meses de prisión a condición de no cometer delito grave en cinco años, mientras que el tiempo de 'redención' para Cuixart se limita a tres años.