La huelga de funcionarios de la Administración de Justicia ha obligado a suspender una vez más una declaración programada en una causa derivada del conocido como caso 3%, en este caso la del exdirigente de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), David Madí, que tendrá que ser a volver citado por cuarta vez.

Quien fuera mano derecha del expresidente catalán Artur Mas ha llegado a la Audiencia Nacional pasadas las 09:30 horas y apenas cinco minutos después de las 10:00 ha salido sin poder declarar como imputado en la causa donde se investiga la adjudicación de la gestión del transporte sanitario en Cataluña a Ambulancias Egara.

El juez a cargo de las pesquisas, Santiago Pedraz, imputó a Madí junto a otras seis personas el pasado mes de marzo a petición de la Fiscalía Anticorrupción, si bien su citación se había pospuesto hasta en dos ocasiones.

Este jueves ha vuelto a ocurrir, de modo que el exdirigente de CDC tendrá que volver a ser citado.

La causa en la que está investigado se centra en presuntas irregularidades en la licitación, adjudicación y contratación del concurso público de 2014 para la gestión de los servicios de transporte en la modalidad urgente y no urgente en Cataluña de la que resultó adjudicataria la UTE Egara.

Está relacionada con el conocido como caso 3%, sobre la presunta financiación irregular de la extinta Convergència, y la productora audiovisual Triacom, que salpicó a antiguos dirigentes de la formación.

De hecho, Madí ya fue condenado en octubre por un Juzgado de Barcelona a 14 meses de prisión y multa de 219.750 euros por delito fiscal y falsedad documental por su participación en una trama de facturas falsas vinculada a Triacom.

Fundada en 1984 por Jaime Simón Planas (1937-2019), Ambulancias Egara gestiona desde 2006 el transporte sanitario urgente y no urgente de Catsalut, inicialmente en la comarca barcelonesa del Vallès Occidental, y desde 2015 en Lleida, Camp de Tarragona y Terres de l"Ebre.

La empresa siempre se ha desmarcado de cualquier irregularidad y ha defendido que los contratos de transporte sanitario público en Cataluña le han sido adjudicados de forma transparente y de acuerdo a derecho. Es más, su propietario, Óscar Simón, negó ante el juez haber tenido trato de favor por parte de CDC en adjudicaciones públicas a su empresa.