El Tribunal Supremo ha archivado la denuncia del guardia civil José Luis Caro Vinagre contra el fiscal Manuel Moix por supuestas manipulaciones de la investigación abierta por el presunto espionaje a cargos políticos del PP cuando era fiscal superior de la Comunidad de Madrid, al no apreciar delito.

Así lo acuerda el alto tribunal en un auto en el que, tal como pedía la Fiscalía, inadmite la demanda contra Manuel Moix, actualmente fiscal del Supremo.

Precisamente el pasado mes de marzo el Tribunal Supremo confirmó la sentencia de la Audiencia Nacional que condenó a dos años de cárcel al exconsejero de Presidencia, Interior y Justicia de la Comunidad de Madrid Francisco Granados y al guardia civil José Manuel Rodríguez Talamino por el soplo al primero de que se le estaba investigando en el caso de corrupción Púnica.

En la misma resolución el alto tribunal confirmó la condena de un año y seis meses de prisión a José Luis Caro.

José Luis Caro y otras cinco personas fueron juzgadas en febrero por presunto delito de malversación por espiar supuestamente en 2008 a cargos políticos del PP que estarían enfrentados a la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, pero fueron absueltos tras el veredicto de no culpabilidad del jurado.

Además de José Luis Caro se absolvió al exdirector de Seguridad de la Comunidad de Madrid Sergio Gamón, al exsubdirector Miguel Castaño, a un técnico de la Administración regional madrileña y a otros dos guardias civiles.

Tras el juicio José Luis Caro presentó una denuncia en el Tribunal Supremo contra Manuel Moix por supuestos delitos de organización criminal, prevaricación, tráfico de influencias, cohecho, malversación de caudales públicos y falsedad documental.

José Luis Caro aseguraba en su denuncia que en 2009, siendo fiscal superior de la Comunidad de Madrid Manuel Moix abrió unas diligencias en las que se integraban "bajo sus directrices personas que participaron en la confección de forma irregular de información privada y confidencial del denunciante a fin de completar una investigación".

Según Caro, "en las diligencias de investigación de la Fiscalía y con posterioridad en el Juzgado de Instrucción se emitieron diversos informes policiales a sabiendas de su falsedad y con el ánimo de incriminar a una serie de personas sabiendo que no habían cometido delito alguno".

"Se trataba de una investigación mediática dirigida para la consecución de los intereses políticos del PP", aseguró Caro.

La denuncia se basaba en la investigación de la Fiscalía a raíz de la denuncia presentada por distintos altos cargos del PP de entonces en la Comunidad de Madrid como Ignacio González, Alfredo Prada y Manuel Cobo por un supuesto espionaje.

El Supremo explica que en concreto la denuncia alude a la declaración que prestó en el juicio de febrero el excomisario de Policía Jaime Barrado que denunció las "cortapisas" que sufrió para investigar "más arriba" por el espionaje en 2008 a políticos del PP, así como "irregularidades" de los entonces responsable de la UDEF, José Luis Olivera, y fiscal superior de Madrid, Manuel Moix.

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El alto tribunal fundamenta que en los escasos tres meses que se mantuvieron abiertas las diligencias que abrió Moix actuó de forma legal.

Añade que se limitó a acordar requerimientos a autoridades civiles y policiales para determinar si Caro y otras personas pudieron cometer algún delito pero las remitió a un Juzgado de Madrid cuando tuvo conocimiento de que el mismo ya estaba investigando el caso.