No son buenos tiempos para la esperanza. Aunque parece que si finalmente Quim Torra es investido presidente de la Generalidad, Cataluña recuperará la autonomía.

Probablemente, cuando el 27 de octubre Rajoy anunció la destitución de Puigdemont y la convocatoria de elecciones, nadie imaginaba que más de 155 días después, la comunidad continuaría intervenida por el Gobierno en virtud del artículo 155 de la Constitución. Una situación motivada por la cerrazón de las fuerzas independentistas a proponer a dos candidatos con responsabilidades penales -Jodi Sànchez y Jordi Turull- a la presidencia de la Generalidad.

Casi siete meses después, la fotografía es de parálisis institucional y cese de organismos y altos cargos del Ejecutivo de Puigdemont. No en vano, el Gobierno ha liquidado varias estructuras autonómicas, entre ellas, el Diplocat, el Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña. Además, ha destituido a los cerca de 300 cargos que conformaban la denominada estructura de Estado para abrazar la independencia. Junto con los exmiembros del “Govern”, ha cesado a figuras relevantes como el Mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluis Trapero.

Una situación que está próxima a concluir, pues la aplicación del artículo 155 fenecerá cuando el Ejecutivo autonómico tome posesión, aunque el Gobierno seguirá facultado para dirigirse al Senado y solicitar su reactivación en caso de que se mantenga la situación que lo desencadenó.

"Las medidas contenidas en este Acuerdo se mantendrán vigentes y serán de aplicación hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno de la Generalitat, resultante de la celebración de las correspondientes elecciones al Parlamento de Cataluña", dispone el texto de 18 páginas aprobado en el Consejo de Ministros extraordinario del 21 de octubre con ocasión de la entrada en vigor del 155.

La situación que se perfila ahora es distinta. En primer lugar, porque el nuevo Ejecutivo autonómico suplirá el control que actualmente el Gobierno de Rajoy ejerce sobre las instituciones de poder de Cataluña.

La actividad parlamentaria también volverá a la normalidad, de modo que las proposiciones de ley no serán supervisadas para decidir si procede o no su tramitación.

En materia económica se modulará, cuanto menos, el control que el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, ejerce sobre las finanzas, tributos y presupuestos, previsto para impedir el destino de recursos públicos a actividades relacionadas con el proceso secesionista, ya sean las transferencias del Estado a la Generalidad o los tributos que recauda la Administración catalana.

Por otro lado, el equipo de Juan Ignacio Zoido cesará en la dirección de los Mossos d'Esquadra, que como policía autonómica volverá a  depender de la consejería de Interior, mientras que el departamento que dirige Soraya Sáenz de Santamaría dejará de gestionar el CNI catalán, denominado CESICAT.

Un escenario que Ciudadanos ya ha denunciado. Este viernes Albert Rivera ha llamado a que continúe la aplicación del artículo 155 al nuevo Gobierno que se forme en Cataluña en el caso de que "no haya una declaración explícita, nítida y clara de fin del proceso separatista", aunque PSOE y PP no están por la labor. Entienden que una medida de esta magnitud solo debe ponerse en marcha de nuevo en caso de que el Ejecutivo autonómico vuelva a intentar la independencia.