El pleno del Senado ha dado el visto bueno al proyecto de ley de protección de denunciantes de corrupción, que ampara a quienes informen sobre infracciones normativas en sus empresas o en la administración y supone la persecución de quienes tomen represalias contra los denunciantes.

Tras la incorporación de algunas enmiendas, el texto volverá al Congreso de los Diputados para su aprobación definitiva.

El proyecto de ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción ha salido adelante con 147 votos a favor, 104 en contra y 4 abstenciones.

El texto, que supone la transposición a la legislación española de la directiva europea para proteger a los alertadores, establece sanciones que pueden llegar al millón de euros para quienes tomen represalias contra estos denunciantes.

La ley obliga a que existan sistemas internos de recepción de denuncias de corrupción en empresas de más de cincuenta trabajadores, partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y fundaciones que dependan de estos; universidades, sociedades y fundaciones que integran el sector público, corporaciones públicas y todos los órganos constitucionales.

Esos canales deben estar en un plazo máximo de tres meses desde la aprobación de la norma.

También se creará la Autoridad Independiente de Protección del Informante, un canal autónomo, complementario al interno de cada institución, mediante el que se podrán presentar denuncias anónimas, aunque los cauces internos de cada empresa o institución tendrán carácter preferente.

Con las garantías de confidencialidad y la aplicación de la directiva tanto en el ámbito público como en el privado, cualquier persona -sea funcionario público o no- podrá denunciar las operaciones, subvenciones y adjudicaciones sospechosas que conozca.

Su identidad, sea cual sea la vía por la que informe, podría ser comunicada únicamente a la Justicia en el marco de una investigación.