Al rechazar implantar la obligatoriedad del pasaporte COVID para acceder a establecimientos como bares o restaurantes en España los tribunales han esgrimido que la medida tiene un carácter segregador además de ser innecesaria e inútil entre otros argumentos que rechazan los expertos consultados por COPE.

“Dada la posibilidad y la facilidad que hay ahora para que cualquier ciudadano pueda acceder a la vacuna es un instrumento muy válido. Algo distinto, hubiera sido tratar de aplicarlo en abril, cuando no todo el mundo tenía la opción de inmunizarse, entonces sí que hubiera sido una medida segregadora”, explica a COPE el médico y experto en bioética Oriol Yuguero.

Es más, para Yuguero el no establecer medidas de control para acceder a establecimientos cerrados pone en riesgo no solo a los trabajadores que allí se exponen ante usuarios que para comer o beber no llevan puesta la mascarilla sino también a las personas más vulnerables que no pueden ni plantearse ir por miedo al contagio. Establecer el pasaporte COVID no elimina por completo el riesgo de contagio, pero sí lo minimiza".

“Si me dijeras que lo implantas para circular por la calle eso es otra cosa, pero para poder acceder a un recinto particular pues éticamente es aceptable porque son lugares que para que todos puedan ir pues tiene que haber unas mínimas normas y para ayudar a las personas que no pueden vacunarse a que puedan mantener una cierta vida social” señala Yuguero que es profesor colaborador de los Estudios de Ciencias de la Salud de la UOC.

“Cuando viajas a un país tropical y te obligan a llevar una cartilla y a ponerte una serie de vacunas nadie protesta, o lo haces o no puedes ir. Y con el pasaporte COVID ocurre lo mismo o lo llevas o no te puedes mover en este momento ni por la Unión Europea. Implantarlo para acceder a la hostelería es adecuado porque nadie está obligado tampoco a ir a comer o a tomar una copa. Quienes no pueden o no quieren vacunarse tienen la alternativa de hacerlo con una prueba anti COVID que, en mi opinión, debería de realizarse como mucho 48 horas antes de la salida programada para minimizar al máximo el riesgo de contagio” señala.

Considera contraria al interés general la negativa tanto el Supremo como los Tribunales Superiores de Justicia de varias CCAA's tras las peticiones que han cursado Galicia, Andalucía, Cantabria, Baleares y Canarias como una medida adicional para tratar de controlar la pandemia en sus respectivos territorios.

Para el epidemiólogo Joan Cayla “lo que no es ético es que haya tantas muertes que son evitables, deberíamos ser más estrictos en tantas cosas y ésta sería simplemente una más”.

“Soy partidario de implantarla porque da una cierta seguridad, hay mucha gente que no sale porque le da miedo contagiarse. Si hubiera un control de este tipo tendrían una mayor confianza, pero no es seguro que la medida vaya a alcanzar un consenso suficiente”, afirma.

Sobre si se acabará implantando en España, el internista del Clinic de Barcelona, Antoni Trilla, confía en que a diferencia de lo que ha ocurrido en países como Francia o Italia aquí no sea necesario. Y todo porque, según subraya, “esto querría decir que la cobertura es muy amplia en nuestro país y esto, más que cualquier obligación, es lo que más nos puede proteger a todos”.