La fiscal general del Estado, María José Segarra, ha dicho hoy que desde un primer momento ha asumido la lucha contra la corrupción como una de sus mayores prioridades y "lejos de toda influencia o presión que pudiera partir del poder político".

María José Segarra ha pronunciado estas palabras durante su intervención en el curso de verano de la Universidad Complutense sobre "Justicia y política", en el que ha destacado que concibe el Ministerio Fiscal como una "magistratura de amparo que tiene como función primordial la defensa de los derechos de los más débiles y desfavorecidos" y no solo la persecución de los delitos.

Ha asegurado que "nadie debe albergar duda alguna de la entrega y decisión de la Fiscalía en este ámbito", que a su juicio es uno de los problemas más graves que afectan a la sociedad actual.

A su juicio "es preciso conseguir revertir en riqueza social el patrimonio amasado por el delincuente y al mismo tiempo lanzar a éste el mensaje de que el delito no compensa".

En todo caso la fiscal general considera que "la independencia de la justicia en España ha dado ya numerosas muestras de solvencia".

Ha recordado que "se ha enjuiciado y condenado a políticos de todos los signos e ideologías tanto de partidos en el poder como de la oposición, y la justicia ha actuado contra abusos tanto de la administración central como de algunas comunidades autónomas y ha habido importantes condenas por actuaciones en el seno de las más poderosas compañías del país".

Además "el rigor y la independencia de la justicia no se ha dejado tampoco influir ante el enjuiciamiento de representantes de las más altas instancias sociales y políticas del Estado y cuando ha resultado preciso nuestros tribunales lo han hecho con imparcialidad respecto a los propios integrantes del Poder Judicial".

Igualmente, se ha referido a la "independencia del Ministerio Fiscal que con sus actuaciones ha contribuido a todos esos logros".

Ha recordado que "el fiscal general del Estado no puede recibir órdenes ni instrucciones de ningún otro poder o autoridad y que conforme a la Constitución solo está sometido a los principios de legalidad e imparcialidad.

"Es cierto que el Gobierno puede interesar del Ministerio Fiscal, a través del fiscal general, que promueva ante los tribunales las actuaciones pertinentes en orden a la defensa del interés público pero la respuesta puede ser afirmativa o negativa una vez que oiga el fiscal general a la junta de fiscales de sala del Tribunal Supremo", ha aclarado.

Ha concluido al respecto que "de todo ello se desprende la autonomía e imparcialidad del Ministerio Fiscal, que es precisamente donde radica su prestigio, que nunca alcanzará un fiscal general que no ejerza una rigurosa independencia del Gobierno que ha propuesto su nombramiento".

María José Segarra no concibe que la Fiscalía tenga como único objetivo la persecución de delitos sino que quiere que sea una "magistratura de amparo" para la defensa de los derechos de los más débiles y desfavorecidos.

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En este sentido se ha referido a la protección de las personas mayores y ha adelantado su intención de prestar especial atención a proteger sus derechos en centros residenciales.

Igualmente ha mencionado la protección de los menores, de los inmigrantes, de los consumidores y usuarios sobre todo frente a los grandes fraudes económicos, de los intereses controvertidos en derecho de familia y de las víctimas, y se ha comprometido a no bajar la guardia para erradicar la "tremenda lacra" de la violencia machista.