Todo se desató cuando la Unidad de Militar de Emergencia, la UME, encontró cadáveres en algunas residencias de mayores. La Ministra de Defensa, Margarita Robles, dijo que el Ejército había encontrado ancianos abandonados en sus camas, algunos estaban muertos. Y que iban a ser implacables. La Fiscalía entró en funcionamiento. Desde entonces, desde el inicio de la pandemia, estos centros están en el ojo del huracán.

En España hay más de 5.400 residencias de mayores y las diligencias abiertas por la Fiscalía, penales y civiles, y las causas que están en los juzgados son algo más de 300. Es una mínima parte. Las residencias no son centros sanitarios, son servicios sociales, centros para vivir y convivir, manifiesta a COPE, José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que representa a centros públicos y privados. Está molesto, y muy dolido, por la generalización que se ha hecho, una causa común contra las residencias. Se sienten demonizados por el Gobierno. No son responsables de la atención sanitaria, insiste. Y añade que las personas que viven en la residencia tienen tanto derecho a ir al médico como cualquiera que viva en su domicilio. Son cerca 400.000 residentes con atención y cuidados especiales a cargo de unos 200.000 trabajadores.

Ramírez explica que en la mayoría de las residencias se han dejado la piel para cuidar a los mayores, “y en vez de ayudarnos nos han mandado a la Fiscalía”. Necesitaban medidas de apoyo sanitario, hospitalización en las propias residencias, protección sanitaria, e incluso habilitar espacios para el aislamiento. Lo advirtieron al inicio de la crisis. Y la realidad fue que les impidieron llevar a los ancianos a los hospitales, señala, y “si no permiten la hospitalización entonces los servicios sanitarios públicos deben plantear cuidados paliativos de refuerzo”. El Covid-19 es letal para la mayoría de ancianos.

Se les echa en cara no haber estado preparados, cuenta, pero “no se puede acusar a las residencias de no estar preparadas para esta situación, quién estaba preparado para este cataclismo”, se pregunta. Han intentado criminalizar y culpabilizar a los centros de la enorme mortalidad y de la extensión del virus dentro de las residencias, señala. Han sido el blanco de la ira de una parte de la opinión pública, dice, y muchas veces objeto de vigilancia generalizada por parte de la Fiscalía. También critica a los medios de comunicación porque sólo publican lo negativo, pero no el esfuerzo ni el trabajo que hacen. Insiste en que las residencias investigadas o vigiladas suponen un porcentaje muy pequeño. Considera que han pasado de víctimas a canallas.