La estrategia de Carles Puigdemont es clara: lograr la recusación de Pablo Llarena a fin de que sea apartado de la causa por la declaración unilateral de independencia. A tal efecto, el expresidente de la Generalidad y los otros cuatro exconsejeros huidos a Bélgica y Escocia -Toni Comín, Meritxell Serret, Lluís Puig y Clara Ponsatí- presentaron una demanda civil contra el magistrado del Tribunal Supremo al considerar que vulneró su derecho a un juicio justo y a la presunción de inocencia por manifestar el pasado 22 de febrero en Oviedo que no son presos políticos, o lo que es lo mismo, opiniones que según ellos pondrían en duda su imparcialidad.

"Se ha demostrado que el juez Llarena actúa movido por motivaciones políticas. Por tanto, no estamos siendo perseguidos por la justicia sino por la ideología del juez", alegó Puigdemont.

1.- ¿Tiene basé legal la estrategia del expresidente y sus exconsejeros?

Sí. Según el artículo 219.8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, un magistrado no puede seguir en una causa si tiene un pleito pendiente con alguna de las partes.

No obstante, la defensa de los políticos independentistas obvia que según el artículo 296 de la misma ley, para exigir responsabilidad a los jueces y magistrados por los daños y perjuicios causados en el ejercicio de sus funciones -y el CGPJ y la Abogacía del Estado entienden que esas declaraciones no pueden desligarse de su actuación jurisdiccional- hay que dirigirse contra el Estado “sin que, en ningún caso, puedan los perjudicados dirigirse directamente contra aquellos”.

2.- ¿La citación a Llarena para que declare ante la justicia belga el 4 de septiembre supone la admisión de los argumentos de los políticos catalanes?

No, la admisión a trámite de una demanda no comporta que se acepten sus pretensiones. De hecho, el fondo del asunto debe decidirse en la sentencia que en su caso se dicte. 

Pero es más, que Llarena diga que los políticos catalanes no están siendo investigados por sus opiniones políticas es necesario, pues lo contrario equivaldría a decir que la instrucción se basa en hechos sin relevancia penal.

3.- ¿Qué opina el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces españoles, sobre la demanda?

La Comisión Permanente del órgano considera que la demanda de Puigdemont y los otros cuatro exconsejeros supone “un ataque planificado a las condiciones de independencia en las que desarrolla su labor jurisdiccional” Pablo Llarena. Según el CGPJ, la demanda tiene como “único fin” el de “condicionar” e “influir” en “futuras resoluciones judiciales que puedan adoptarse” en el proceso judicial. Por eso, ha señalado que “cuando se cuestionan de tal modo los actos llevados a cabo por el magistrado, se cuestiona también la esencia misma de nuestro Estado de Derecho, atacándose la independencia judicial como pilar fundamental de un Estado democrático”.

4.- ¿El Gobierno de Pedro Sánchez amparará al juez?

Tras la reunión del Consejo de Ministros del viernes 24 de agosto, la vicepresidenta del Gobienro, Carmen Calvo, señaló que el Ejecutivo no tiene por qué defender al juez Llarena sino que tendría que hacerlo el Poder Judicial. "Cualquier juez o jueza de nuestro país tiene que recibir el amparo legal y el amparo establecido en el ámbito de su propio poder, que es el Poder Judicial. Al poder Ejecutivo no le corresponde esa función", alegó.

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No obstante, en un comunicado enviado desde La Moncloa el domingo 26 -solo dos días más tarde-, el Ejecutivo aseguró que el Gobierno "inició hace días los mecanismos necesarios para la defensa de la soberanía jurisdiccional española y del magistrado Llarena".

5.- ¿A qué se debe el cambio de criterio del Ejecutivo?

El CGPJ y la Abogacía del Estado han amparado la defensa del juez Llarena al considerar que la demanda no cuestiona solo sus opiniones sino que ataca los fundamentos del Estado de Derecho español por cuanto que las mismas no pueden desligarse de su función jurisdiccional. En consecuencia, la Abogacía del Estado ha defendido en dos informes que presentó a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, antes de las declaraciones de Carmen Calvo, que el Estado ha de asumir su defensa por cuanto que con ello se defiende al Estado español.

6.- ¿La defensa del juez Llarena por parte del Estado es un caso aislado?

No. En el año 2010 el entonces ministro de Justicia socialista Francisco Caamaño firmó el 'Convenio de Colaboración entre el CGPJ y el Ministerio de Justicia para la representación y defensa en juicio de los miembros de la carrera judicial por el servicio jurídico del Estado' cuando los procedimientos se sigan por actos u omisiones relacionados con su cargo.