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Puigdemont vuelve a la carga con una recogida de firmas para pedir a Bruselas actúe contra España

El expresidente catalán tratará de que la CE se pronunci por supuesta vulneración del Estado de derecho

Puigdemont prepara una campaña de firmas para pedir a Bruselas que tome medidas contra España

Europa Press

Tiempo de lectura: 3'Actualizado 12:51

El expresidente catalán Carles Puigdemont ha anunciado este jueves que prepara una campaña de recogida de firmas en la Unión Europea para tratar de que la Comisión Europea se pronuncie sobre la situación en Cataluña y tome medidas contra España por supuesta vulneración del Estado de derecho, a pesar de que hasta ahora Bruselas siempre ha expresado su confianza en la democracia española.

El primer paso para poner en marcha esta campaña es pedir al Ejecutivo comunitario que registre una Iniciativa Europea Ciudadana para pedir la aplicación del artículo 7 del Tratado de la UE contra España, lo que obligará a Bruselas a responder en el plazo de dos meses si acepta o no el registro de la campaña.

Puigdemont ha asegurado en una rueda de prensa que esta medida "no es una estrategia de defensa" en el marco del proceso judicial abierto contra los líderes del desafío secesionista, sino un modo de "interpelar" al conjunto de la ciudadanía europea y una "oportunidad" para que España refuerce su Estado de derecho.

Además ha asegurado que si Bruselas no admite el registro administrativo de la iniciativa acudirán al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE).

Según las reglas comunitarias, en esta primera fase, el Ejecutivo comunitario debe aceptar el registro de una iniciativa si constata que no está fuera del ámbito de sus competencias y si "no es manifiestamente abusiva, frívola o temeraria", ni contraviene los principios y valores de la UE, lo que no implica que acepte la cuestión de fondo que se plantea.

Si Bruselas acepta el registro, Puigdemont tendrá entonces doce meses para obtener el millón de firmas exigidas, alcanzando los mínimos establecidos en al menos siete Estados miembros.

"El grueso de la ciudadanía catalana, preocupada por la regresión que sufre en sus derechos, se dirige al resto de ciudadanos europeos para que nos ayuden con su firma a defender, de manera egoísta, también su democracia y sus derechos", ha argumentado el expresidente catalán.

Cumplido este proceso, los promotores de la Iniciativa Europea Ciudadana --la Asamblea Nacional Catalana y el Consejo de la República-- tendrán que informar a la Comisión del resultado, con datos de los apoyos y de la financiación que hayan recibido.

La etapa final fija un plazo máximo de tres meses para que la Iniciativa, en caso de cumplir todos los requisitos de registro, sea expuesta en detalle ante el Ejecutivo comunitario y en una audiencia pública en el Parlamento Europeo. La Comisión no está obligada a proponer medidas concretas como conclusión, pero sí a dar una respuesta motivada tras su análisis.

DENUNCIAN VULNERACIÓN SISTEMÁTICA DE DERECHOS

En el acto de presentación, Puigdemont ha estado acompañado por los exconsellers que huyeron con él a Bruselas Toni Comín, Lluis Puig y Clara Ponsatí, de la presidenta de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Elisenda Paluzie, y por el exeurodiputado francés Gérard Onesta.

Según han informado, la Iniciativa está firmada por siete ciudadanos de siete Estados miembros: Finlandia, Suecia, Francia, Eslovenia, España, Alemania y Bélgica. Además han señalado que será financiada únicamente con fondos privados donados por ciudadanos y entidades sin ánimo de lucro.

La petición denuncia supuestas vulneraciones de derechos fundamentales en Cataluña por parte del Gobierno español, incluida la violación de la "dignidad humana, la libertad, la democracia, el respeto igualitario de los derechos humanos y de las minorías".

Entre los ejemplos expuestos para sostener la acusación figura la decisión de la Junta Electoral Central de impedir que ni Puigdemont --como cabeza de lista de JxCAT-- ni Comín y Ponsatí concurran en las elecciones al Parlamento Europeo del 26 de mayo.

También se quejan de una "utilización espuria" por parte de España de mecanismos de cooperación jurídica entre los países de la UE, en referencia a las órdenes europeas de detención y entrega (euroórdenes) dictadas contra el expresidente catalán y los exconsellers.

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