Quedó registrada la enmienda en el Congreso por parte de Esquerra para modificar el delito de malversación, una reforma muy pesada de digerir, sobre todo, después del amplio rechazo que suscita hasta entre las filas del PSOE y las declaraciones contundentes que en las últimas horas se han sucedido. La forma de dejarlo en un segundo plano, aunque Patxi López lo presentó como una fórmula para "seguir avanzando en la lucha contra la corrupción", ha sido presentar un reverso en el Código Penal que castigará el enriquecimiento ilícito de cargos públicos.

El grupo socialista y Unidas Podemos han presentado una enmienda a la proposición de ley de reforma del Código Penal por la que se introduce un nuevo tipo penal para castigar con hasta 3 años de cárcel a los cargos públicos cuyo patrimonio aumente en más de 250.000 euros sin que puedan justificarlo. Esta enmienda plantea que las autoridades públicas estén obligadas a justificar ese enriquecimiento durante cinco años tras dejar el cargo. El nuevo delito contempla penas de prisión de seis meses a tres años, e inhabilitación de entre dos a siete años, y multas de hasta tres veces lo enriquecido ilícitamente.

Patxi López ha asegurado que el nuevo delito de enriquecimiento ilícito no es para "contrarrestar" el cambio sobre malversación de ERC. Además, admite que no conocen la enmienda planteada por ERC y que no han negociado nada con la formación independentista en el contexto de reforma del Código Penal. El portavoz del PSOE también ha descartado cualquier tipo de vinculación con el caso de los ERE de Andalucía y ha subrayado que el objetivo es poder castigar a aquellos responsables públicos que se beneficien de "un enriquecimiento ilícito injustificado sin que esto tenga ninguna explicación y ninguna consecuencia".

La malversación

Como se esperaba, ERC ha propuesto modificar el delito de malversación -uno por el que fueron condenados los líderes del "procés"- para diferenciar entre quienes se hayan apropiado de fondos públicos en beneficio propio o de terceros y quienes no; una iniciativa que va en sintonía con la enmienda presentada por PDeCAT.

ERC plantea penas de dos a ocho años de cárcel y de hasta veinte de inhabilitación para los casos más graves en los que exista "ánimo de lucro" y de seis meses a tres años de prisión y de uno a cuatro de inhabilitación para el cargo que "sin ánimo de apropiárselo, destinare a usos particulares y ajenos a la función pública, el patrimonio público puesto a su cargo".

Las modificaciones propuestas serán debatidas en las próximas semanas por vía de urgencia en el marco de la proposición de ley de reforma del Código Penal que se está tramitando en el Congreso