El Gobierno aprobará este viernes en el Consejo de Ministros un real decreto para asegurar que sean los bancos, y no los clientes, los que asuman el impuesto de actos jurídicos documentados (AJD) de las hipotecas. Este anuncio de Sánchez se produjo ayer pocas horas después de que el pleno de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo decidiera, en un agrio debate y por 15 votos contra 13, que la tasa debía asumirla el cliente y no las entidades financieras, en contra de lo determinado en tres sentencias de mediados de octubre.

En rueda de prensa, Sánchez adelantaba que la aprobación de un real decreto para que "nunca más los españoles paguen este impuesto". Podemos, que ha organizado una protesta frente a las puertas del Supremo este sábado, no está satisfecho con la decisión del presidente y piden que haya una retroactividad puesto que consideran que los ciudadanos han pagado de manera injusta este impuesto. 

Pese a que PSOE y Podemos enarbolan ahora la bandera de la defensa de los derechos de los ciudadanos ante el pago de este impuesto, ambos partidos en el pasado no sólo defendieron este impuesto sino que lo incrementaron en plena crisis económica. Tal como contaba ayer ABC, Podemos y PSOE subieron el impuesto de las hipotecas nada menos que un 50% a los ciudadanos en Aragón nada más tocar poder, tras las elecciones autonómicas de 2015. La subida fue decidida también con el concurso de la Chunta y de IU –PP, Ciudadanos y el PAR votaron en contra-. "El recargo que introdujeron fue considerable: el tipo general pasó del 1% que se pagaba hasta entonces, al 1,5%. Es decir, una subida de la presión fiscal del 50% (...) Aquella subida surtió efectos inmediatos: en 2016, el Gobierno aragonés cobró a los aragoneses por este impuesto 54,73 millones de euros, 12 millones más que el año anterior", cuenta ABC. 

No es el único caso. En Andalucía, La Junta gobernada por el PSOE aprobó un incremento del mismo en el año 2012, en plena crisis, cuando el gravamen pasó del 1,2% al 1,5%. Andalucía, Aragón, Comunidad Valenciana, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia y Murcia son las comunidades con el tipo impositivo más alto: 1,5%.