Jueces del Tribunal Supremo han recibido hoy con cierta preocupación el segundo cambio de jurisprudencia de la Sala de lo Contencioso en relación al impuesto de las hipotecas, y existe el temor en el alto tribunal de que todo lo que ha rodeado al pleno sea ahora utilizado para deslegitimar la institución.

Una sensación de malestar que comparten diversos magistrados, según confirman fuentes del alto tribunal consultadas por Efe, quienes están prácticamente seguros de que el cambio de criterio de la Sala será utilizado para atacar la imagen del Supremo, poco antes de que afronte uno de los juicios más mediáticos de los últimos tiempos, el del "procés". Coinciden los magistrados -apuntan las fuentes- en que hubo un fallo en la gestión de la primera sentencia que atribuyó el impuesto de actos jurídicos documentados (AJD) de las hipotecas a los bancos y en la convocatoria del pleno de lo Contencioso-Administrativo, cuya deliberación se inclinó finalmente a favor de las entidades financieras tras cerca de 16 horas de agrio debate. La consecuencia, señalan algunos, es un varapalo indudable a la imagen del Supremo.

Además, temen que se haya dado la impresión de que, en lugar de intentar unificar criterios, el pleno buscó acallar la posición de los magistrados que en esa primera sentencia del 18 de octubre se pronunciaron a favor de que fuese el banco y no el cliente quien pagase el impuesto. Es esa idea de posible instrumentalización de la convocatoria del pleno lo que ha hecho daño, afirman las fuentes, a la imagen de una institución como el Supremo y sobre todo a su presidente, Carlos Lesmes, quien ya pidió disculpas en su día por la gestión del asunto.

E independientemente de los diferentes análisis que se realicen sobre quién o quiénes han cometido el error, los magistrados son conscientes de que esta controversia va a dar pie a que se critique su labor y se les tache de favorecer interesadamente a unos u a otros. Aún así, las fuentes consultadas confían en que todo vuelva a la normalidad tras una decisión del alto tribunal, sobre la que se han manifestado en contra, de una manera u otra, todos los partidos políticos y la mayoría de las asociaciones judiciales.