El primer juicio del caso Lezo arrancará el 24 de mayo de 2023

La Audiencia Nacional ha fechado para el 24 de mayo de 2023 el inicio del primer juicio por el caso Lezo, la presunta trama de corrupción en torno a operaciones del Canal de Isabel II de la Comunidad de Madrid, que sentará en el banquillo a 22 acusados por la compra de Inassa con un sobreprecio de al menos 19 millones de euros.

La Sala de lo Penal, en una diligencia a la que ha tenido acceso Efe este martes, fecha las dieciocho sesiones del juicio entre los días 24 de mayo y 27 de junio de 2023.

Estas fechas coinciden con la de las elecciones autonómicas y municipales previstas para finales de mayo de 2023.

En esta causa no está procesado el expresidente del Canal y expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, quien en cambio sí se sentará en el banquillo por tres piezas de esta causa, bautizada como Lezo, que motivó su detención en 2017.

Entre estas están la adjudicación a OHL de las obras del tren de Navalcarnero (Madrid) en 2007; las supuestas irregularidades en la adjudicación de dos contratos relacionados con el campo de golf del Canal; y el presunto fraude en la compra de la empresa brasileña Emissao en 2013 por parte del Canal. La Fiscalía pide para él penas de cárcel.

En el primer juicio del caso Lezo la Fiscalía Anticorrupción pide una pena de 7 años de cárcel por malversación a los exconsejeros del Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón Juan Bravo y Pedro Calvo, dos de los veintidós acusados por la compra en 2001 de la colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II con un sobreprecio de entre 19 y 29 millones de euros.

En su escrito de acusación presentado en la Audiencia Nacional por esta pieza del caso Lezo, la Fiscalía pide penas de entre 6 y 7 años de prisión para 22 personas, entre ellas el expresidente de la Cámara de Cuentas madrileña y exgerente del Canal, Arturo Canalda, a quien solicita siete años, y varios exconsejeros del Canal, que se enfrentan a la petición más baja, de seis años.

Otros de los acusados por la Fiscalía son el ex director económico y de desarrollo comercial del Canal José Antonio de Cachavera (siete años) y el exdirector de Nuevos Negocios del Canal Pablo López de las Heras (siete años).

Según Anticorrupción, la compra del 75 % de Inassa, que fue aprobada el 29 de noviembre de 2001 por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, se efectuó por 73 millones de dólares y con un "sobreprecio indebido" de entre 19.066.500 y 29.013.109 euros "con cargo a los fondos públicos cuya salvaguarda tenían encomendada, todo ello sin motivo alguno que lo justificase y en beneficio exclusivo de los vendedores".

De los participantes en esa reunión del Ejecutivo madrileño, la Fiscalía solo cree responsables de malversación a Bravo (exconsejero de Hacienda y expresidente de Adif) y Calvo (expresidente del Canal y exconsejero), puesto que ellos dos, como miembros del Consejo de Administración del Canal, habían estado presentes en las reuniones previas de la empresa pública en las que se expuso la operación.

Anticorrupción explica que la adquisición por parte del Canal del 75 % de Inassa (que tenía la concesión del alcantarillado de la localidad de Barranquilla) se hizo mediante una "sociedad vehículo", Canal Extensia, "estuvo plagada de ilicitudes y, contrariamente a lo autorizado, se realizó de manera indirecta".

Eso es porque en la operación "lo que realmente se compró fue la sociedad panameña Aguas de América SA (SAA), entre cuyos activos se encontraba el 75 % de Inassa", y se hizo con "un desvío de los fondos públicos destinados a su pago debido al sobreprecio" que se pagó.

Además de las penas de prisión, la Fiscalía solicita que los acusados indemnicen al Canal con la cantidad supuestamente malversada, 19.066.500 euros, que podría variar cuando se celebre el juicio en la Audiencia Nacional y la Fiscalía exponga sus conclusiones.