Noelia López.

Primera mujer elegida presidenta de Sala en el Tribunal Supremo, la magistrada María Luisa Segoviano lleva décadas centrada en la jurisdicción social y teme las repercusiones de una nueva crisis económica que puede agravar la precarización del mercado laboral y aumentar la economía sumergida.

"Los 'rider' son el paradigma de la precariedad laboral", subraya en una entrevista con EFE esta vallisoletana que llegó al Supremo en 2006 y acaba de romper un nuevo techo de cristal en el Alto Tribunal al ser nombrada presidenta de la Sala de lo Social, de la que formaba parte.

Fue el pleno de esa Sala el que determinó la pasada semana que la relación existente entre un repartidor ("rider") y la empresa Glovo tiene naturaleza laboral, con lo que el empleado no puede ser tratado como un autónomo, una decisión que abre una nueva senda para regular un fenómeno creciente.

También está la firma de Segoviano en una reciente sentencia que reconoció por primera vez el derecho de una mujer a computar el tiempo que realizó el llamado "Servicio Social de la Mujer", vigente durante el franquismo, para alcanzar el mínimo de cotización de la jubilación anticipada, como se hace con la mili de los hombres.

"Creo que el enjuiciamiento con perspectiva de género lo hemos empezado a aplicar relativamente reciente; nos quedábamos en la igualdad de trato y no dábamos el paso a la igualdad de oportunidades", señala.

Aplicar esa perspectiva, explica, es no limitarse a comparar dos elementos para ver si hay algún factor de diferenciación, es "dar el paso a los factores de discriminación indirecta, que nos llevan a realizar una acción positiva para en los supuestos que hay una desigualdad de base, tradicional, se favorezca a un determinado sexo, en este caso a las mujeres, para tratar de compensar esta desigualdad".

De familia de juristas, está convencida de que su madre, que falleció hace dos años, con 97, y estudió Derecho como ella en Valladolid cuando apenas no había mujeres en la facultad, se emocionaría al saber que se ha convertido en la primera mujer en presidenta de Sala en los más de doscientos años de historia del Supremo.

Ha sido un largo camino desde que aprobó la oposición de secretaria de Magistratura de Trabajo en 1974 e ingresó como magistrada en la carrera judicial en 1987 por el turno reservado a juristas de reconocida competencia.

Su primer destino como juez fue en Bilbao y después regresó a Valladolid, donde permaneció hasta que en 1996 fue nombrada presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Evita hablar de discriminación, pero no duda de que las mujeres se exigen más: "El tratar de hacer todo sin ninguna equivocación, sin ningún error, no concedernos ninguna tregua, por si acaso. No sé si es tanto que nos lo exigen o nos lo hemos exigido nosotras mismas".

De los seis nombramientos para el Supremo aprobados este miércoles por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) solo uno, el de Segoviano, recayó en una mujer y algunas juristas han criticado que el órgano de gobierno de los jueces no acelere el camino hacia la paridad en el Alto Tribunal, donde apenas el 21 % de los magistrados son mujeres.

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"Creo que todos los pasos que se den en favor de la paridad siempre están bien. ¿Que quizá siempre echamos de menos que no lleva el ritmo que nos gustaría que llevara? Puede haber otras consideraciones que hacen que en un momento determinado no se pueda alcanzar la paridad en los nombramientos", señala sin ahondar en esos factores.

Su mensaje a las nuevas promociones de juezas es claro: "Que no se limiten, que no se pongan barreras", "en principio se puede acceder a todo, hay que quererlo, hay que trabajar y poner entusiasmo".

Desde la Sala de lo Social del Supremo, Segoviano observa con preocupación la nueva crisis económica que se cierne sobre el país y el alud de asuntos que llegarán a los juzgados cuando muchas empresas se vean obligadas a transformar los ERTE en ERE.

"Siempre que hay una crisis se refleja inmediatamente en la jurisdicción social. La crisis genera paro, desempleo, menos salarios, peores condiciones, solicitud de prestaciones de Seguridad Social (...). Como no siempre se concede esto que piden los trabajadores acuden a la jurisdicción social y la litigiosidad aumenta exponencialmente".

Segoviano cree que "se está intentando legislar para evitar" que se produzca una nueva precarización de las condiciones laborales e incluye en ese esfuerzo la nueva regulación del teletrabajo -a pesar de las dudas que le suscita la dificultad de vigilar el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales- o la intención de regular la situación de los repartidores en bicicleta.

Pero, advierte, es una constante histórica que en situaciones de crisis se produce un aumento de la economía sumergida, de trabajos más o menos ocultos y al margen de la regulación legal.

"Cuando hay necesidad de trabajo quizá se aceptan condiciones por debajo de los mínimos legalmente establecidos y ahí la legislación poco tiene que hacer, llega hasta donde llega", se lamenta Segoviano, quien no olvida las dificultades de la inspección de trabajo para denunciar irregularidades cuando no cuentan con la colaboración de los perjudicados.