Cuatro policías nacionales investigados por la cargas del 1-O, entre ellos un inspector jefe, han insistido hoy en defender la actuación policial y se han escudado en que los golpes propinados a los concentrados, en algunos casos en la cara, eran "técnicas policiales" para defenderse de posibles agresiones.

Según han informado fuentes jurídicas, ante el titular del juzgado de instrucción número 7 de Barcelona han declarado hoy como investigados otros cuatro agentes de la Policía Nacional, de los 24 que están imputados en total por las cargas del 1-O: un inspector jefe, otros dos inspectores y un agente.

Los antidisturbios citados a declarar hoy intervinieron en la escuela pública Dolors Monserdà y en las concertadas Fedac Horta e Infant Jesús de Barcelona.

En su declaración ante el juez, un inspector y uno de los agentes han explicado que dos de las agresiones que investiga el juez -el caso de un puñetazo en la cara de una mujer y el de otro en que arrastran por la mandíbula a una de la concentradas- eran "técnicas policiales" para la dispersión de manifestantes.

En el caso del golpe en la cara, los agentes han aducido que el objetivo era dejar "atolondrada" a la mujer, que estaba muy nerviosa, para garantizar que no entorpeciera la intervención de los antidisturbios.

Los agentes han destacado que actuaron con contundencia contra los manifestantes dado el "riesgo" que éstos entrañaban para los agentes debido a la extrema agresividad que mostraban.

Según han explicado los policías nacionales investigados, los agentes pueden usar las porras contra manifestantes cuando así lo ordenen los mandos del operativos, o bien siempre que lo precisen en "legítima defensa".

Los imputados han detallado que, dos días antes del 1-O, ya les adjudicaron los locales de votación de Barcelona en los que debían intervenir, en las reuniones que se mantuvieron con los mandos policiales para diseñar el operativo contra el referéndum.

En ese sentido, los agentes que actuaron en las escuelas concertadas han asegurado que desconocían que los centros eran de titularidad privada, motivo por el que el juez instructor cree que su actuación no estaba amparada por el auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que les ordenaba impedir el 1-O, dado que éste sólo aludía a locales públicos.