El PNV ha pedido a la Justicia española que "acometa una profunda renovación de sus estructuras, funcionamiento y criterios de selección para equiparar sus actuaciones a los estándares procesales europeos", tras conocer la sentencia por el 'caso Bateragune' del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), en la que asegura que se vulneró los derechos fundamentales de los procesados, al no haber tenido éstos un juicio imparcial.

En un comunicado, la formación jeltzale ha afirmado que "la sucesión de varapalos judiciales" que están teniendo en instancias de la UE los tribunales españoles deberían "sonrojar a la Administración de Justicia" del Estado.

El partido dirigido por Andoni Ortuzar se ha referido, de esta forma, a la resolución del Tribunal de Estrasburgo en la que considera probado que la Audiencia Nacional vulneró los derechos fundamentales de los exdirigentes de Batasuna Arnaldo Otegi, Sonia Jacinto, Rafa Díez Usabiaga, Miren Zabaleta y Arkaitz Rodríguez en el juicio del 'caso Bateragune', de reconstrucción de la dirección de la formación ilegalizada.

El PNV destaca que el TEDH ha ratificado la opinión que los jeltzales han mantenido desde "el inicio mismo de este proceso" en la Audiencia, sobre que "constituyó un absurdo político-judicial al sentenciar que todo era ETA en el mundo de la izquierda abertzale".

Asimismo, ha recordado que, a su juicio, "en el origen de los hechos se patentizaba una clara vulneración del derecho de reunión", y el procedimiento supuso "un obstáculo innecesario en la normalización en la convivencia en Euskadi".

LEY DE PARTIDOS

La formación jeltzale ha apuntado que, "en la base doctrinal de aquel procedimiento judicial, se encontraba la Ley de Partidos, que contó con el rechazo absoluto del Partido Nacionalista Vasco". "Ni hoy ni ayer han tenido sentido la exclusión política ni la limitación de derechos básicos de elección y organización, excepcionalidades que han hecho menguar los límites de un Estado democrático pleno", ha asegurado.

El PNV ha manifestado que "esta última condena se suma a una larga y alarmante lista de casos en que las más altas instancias europeas vienen fallando contra el Reino de España por la vulneración del derecho de los acusados a un juicio justo y por su falta de imparcialidad".

"Esta sucesión de varapalos judiciales debiera sonrojar a la Administración de Justicia del Estado español. Es hora, por tanto, de que la Administración de Justicia española acometa una profunda renovación de sus estructuras, funcionamiento y criterios de selección para equiparar sus actuaciones a los estándares procesales europeos en defensa de los Derechos Humanos", ha concluido.